Un hijo de Gómez creó una empresa en Panamá un mes después de Malaya

La compañía Desarrollo Costa Verde S. A. fue fundada en agosto de 2006 con un capital social de 500.000 dólares americanos

El 28 de junio de 2006, la Policía Nacional detenía a Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán, cuando salía de su vivienda en El Brillante, en Córdoba, en una fase de la conocida como operación Malaya. Tres días después y tras pagar una fianza, Rafael Gómez salía en libertad con cargos. Casi diez años después, su condena, tras aquella detención, es firme. No obstante, lo que se desconocía es que el 17 de agosto de ese mismo año, poco más de un mes después, uno de sus hijos constituía una sociedad en Panamá.

Según el informe de Dato Capital al que ha tenido acceso este periódico, Manuel Gómez Serrano (que está procesado junto a su padre y sus hermanos en el caso sobre presunto fraude fiscal que se sigue instruyendo en la Audiencia Provincial de Córdoba) sigue siendo a día de hoy presidente de Desarrollo Costa Verde S. A., una empresa que sigue estando activa y que fue creada con un capital social de 500.000 dólares americanos.

Esta compañía no está en los famosos Papeles de Panamá, la famosa investigación periodística que en España está siendo publicada por El Confidencial y La Sexta. Los Papeles de Panamá se refieren a las empresas creadas y gestionadas por el despacho de abogados de Mossack Fonseca. No obstante, según consta en el Registro Mercantil, Desarrollo Costa Verde S. A. es una firma gestionada por Soberón y Asociados, una compañía panameña.

El hijo de Rafael Gómez está procesado junto a su padre. La Fiscalía Provincial solicita para él una pena de 22 años de prisión, según publicó este periódico. La fecha del juicio está pendiente del escrito de defensa. En cuanto esté redactado, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba que ha dirigido el caso desde el año 2008 trasladará todo el sumario a la sala de la Audiencia Provincial que se encargará de fijar lugar, fecha y hora para el inicio de la vista pública.

El juez embargó propiedades a la familia de Gómez por un importe de 69,9 millones de euros. En concreto, y según el auto judicial, no se abonó el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) de los años 2003, 2004, 2005 y 2006. Tampoco se pagó el importe del impuesto de sociedades entre los mismos ejercicios, que coinciden con los años de esplendor de las empresas de Rafael Gómez, que fue arrestado en 2006 por el caso Malaya.

En su día, y a través de un auto, el juez desgranó el importe concreto de las cantidades supuestamente defraudadas por la familia Gómez a través de sus distintas sociedades. De esta manera, y en lo que se refiere al impuesto de sociedades, el Grupo Inversor Arenal 2000 no habría abonado 1,03 millones del ejercicio 2004 y 15,4 millones del ejercicio 2006. Arenal 2000 Inversiones debería un total de 5,89 millones por el ejercicio 2005 y Arenal 2000 (que es la que más debe) un total de 3,49 millones del ejercicio 2003, 203.616 euros del ejercicio 2004 y 32,5 millones de euros por el ejercicio 2006. En el caso de Arenal 2001 se adeudarían 884.000 euros del ejercicio 2003, 903.107 euros del ejercicio 2004 y 6,44 millones de euros del ejercicio 2006. El Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez no habría pagado los 390.000 euros correspondientes al ejercicio 2005 y el Grupo Inmobiliario Arenal 2000 debería otros 2,07 millones del año 2006.

En cuanto al IRPF, el auto detalla que el propio Rafael Gómez debe en concepto de IRPF un total de 211.293 euros en 2003, 844.912 en 2004 y 1,03 millones en 2005. Su mujer, D. S. M., debería también en concepto de IRPF 211.000 euros del año 2003, 857.000 del año 2004 y 803.000 del año 2005. Su hija E. G. S. también aparece en el auto por un débito de IRPF de 129.883 euros del año 2005.

En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, el magistrado también estima que Rafael Gómez debe 740.000 euros del ejercicio 2004 y su mujer 677.000 del mismo año. Por último, se detalla otro débito con la Agencia Tributaria referido al ejercicio 2004 en el que no se habría aplicado retención por IRPF a la sociedad Mezquita Sur de Inversiones (la que construyó las naves de Colecor) por un total de 1,1 millones de euros.