Baquerín amenaza con llevar el uso de la Merced a la Junta y al juez

Carlos Baquerín en una imagen de archivo. | MADERO CUBERO
El diputado de Unión Cordobesa da 10 días de plazo a la presidenta de la Diputación para que aclare el uso del templo del organismo autónomo

Carlos Baquerín, diputado de Unión Cordobesa en la Diputación, da un ultimátum a la presidenta del organismo provincial, María Luisa Ceballos. Denunciará el uso religioso de la Iglesia de la Merced, en la sede de la Diputación, a la Junta y ante el juez si la presidenta Ceballos no da explicaciones. La Iglesia de la Merced, cuya restauración ha terminado y que está a punto de abrirse al culto. El templo se encuentra en el Palacio de la Merced, antiguo convento y actualmente sede de la Diputación provincial.

Baquerín denuncia el uso de un espacio público restaurado con dinero público para un uso confesional. "Resultaría muy probablemente ilegal y por tanto quedaría sujeta a la exigencia de responsabilidades políticas, civiles y penales", ha advertido en diferentes ocasiones. En su reciente misiva a Ceballos, el diputado advierte que, "de no recibir de su gobierno en los próximos 10 días hábiles una aclaración escrita y razonable que venga a justificar o explicar legalmente estos hechos y conductas, me veré en cumplimiento responsable de mis obligaciones propias de control y fiscalización y de las que como autoridad pública me impone la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, a poner estos hechos y conductas en conocimiento de la Junta de Andalucía y de la autoridad judicial competente por si representaran una violación de derechos fundamentales o fueran constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, de malversación y dejación de funciones".

El diputado considera que la iglesia "forma parte inseparable de un edificio público y que es propiedad íntegra de la Diputación de Córdoba y por tanto y por extensión de todos los cordobeses sea cual sea su ideología o su credo". Baquerín considera que la Constitución y el derecho público vigente no admiten "en modo alguno la cesión permanente de un espacio público de esa naturaleza para fines religiosos y privados en favor de una determinada confesión".

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