El concejal expulsado del PP en Pozoblanco denuncia el borrado de correos electrónicos

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha iniciado un procedimiento oficial para reclamar la devolución de bienes municipales que permanecen en poder del concejal no adscrito Gerardo Arévalo Galán, quien fue cesado de sus competencias como concejal de Interior y Personal hace 17 meses, en marzo de 2024. Los bienes en cuestión son un iPad Pro 10 y un iPhone 13 Pro Max, equipamiento informático asignado a su cargo. Según el consistorio, Arévalo no ha devuelto los dispositivos a pesar de los requerimientos y carece de causa legítima para mantener su posesión, considerándose una “situación de usurpación de bienes públicos” desde febrero de 2025, la fecha límite para la devolución voluntaria.

Sin embargo, Gerardo Arévalo ha manifestado su “sorpresa” ante la nota de prensa municipal y ha ofrecido su propia versión, alegando que la acción del Ayuntamiento es una “maniobra con el único fin de desacreditarle públicamente”.

Arévalo afirma que el motivo fundamental por el que aún conserva temporalmente los dispositivos es para “preservar pruebas esenciales” relacionadas con una investigación judicial en curso por prevaricación (Instrucción número dos de Pozoblanco) que implica directamente al alcalde, Santiago Cabello. El concejal asegura que en estos terminales electrónicos se encuentran “correos electrónicos fundamentales” que confirman que él “advirtió y reclamó reiteradamente al alcalde la devolución inmediata del dinero pagado indebidamente al hijo de su secretaria, quien no acudía a trabajar”.

La gravedad de su denuncia radica en que, según Arévalo, “dichos correos electrónicos fueron borrados posteriormente de los servidores municipales”, por lo que los dispositivos en su poder podrían contener “posiblemente la única copia existente de esas pruebas” necesarias para esclarecer los hechos ante la justicia. Además, el concejal ha denunciado que solicitó “repetidamente al Ayuntamiento copia oficial de estos correos, siendo sus peticiones sistemáticamente denegadas por el equipo de gobierno, lo que es ilegal”.

Arévalo también ha señalado que el procedimiento administrativo anunciado por el Ayuntamiento “carece completamente de lógica jurídica” porque “esta misma cuestión se encuentra recurrida desde hace meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Córdoba y pendiente de resolución judicial definitiva”.

El concejal también ha querido destacar que, desde el primer momento de su cese, comunicó su voluntad de adquirir los dispositivos de segunda mano, abonando su valor residual, y solicitó un informe de valoración al interventor, una práctica que, según él, es habitual entre concejales, diputados y senadores. Finalmente, Arévalo subraya una diferencia de gestión, afirmando que el alcalde adquirió dispositivos nuevos y de alta gama con fondos públicos, mientras que él se opuso a esa decisión y optó por reutilizar dispositivos ya usados para evitar gastos innecesarios. Además, destaca que es el “único concejal que no supone ningún coste económico” para los ciudadanos, ya que el alcalde le privó de cualquier remuneración tras su cese.