Defensa de lo público

Esta columna quiere defender lo público en estos tiempos en los que está en serio peligro de extinción. Los objetivos ocultos de los que nos gobiernan empiezan a verse con claridad por mucho que traten de ocultarlos con las urgencias del momento: desmontar el ya de por sí pequeñito estado del bienestar que tenemos (¿teníamos?) y adelgazar aún más los servicios públicos en beneficio, naturalmente, de los privados. Lo público es de todos, nos hace más iguales y más autónomos y nos dignifica como pueblo y como sociedad, pero es un estorbo para estos gobernantes siempre al servicio de ricos y poderosos que no necesitan los servicios públicos y quieren hacer de ellos un negocio más.

 

El espacio público es por naturaleza colectivo y plural, y no está regido por la ley del máximo lucro. En él es posible la solidaridad y el hermanamiento, la creación libre y sin ataduras económicas y no necesariamente es más caro y menos eficaz como quieren hacernos creer. Lo que es de todos sirve a la colectividad, no sólo a los que pueden pagarlo, y por eso hemos de defenderlo. Cuando se recortan los salarios, las prestaciones, los derechos laborales y sindicales, se impone el “apartheid” sanitario y suben los impuestos y los precios..., lo público es el último refugio que queda a la gente para satisfacer sus más elementales necesidades.

 

El Gobierno y sus voceros acusan al sector público, para desprestigiarlo y después privatizarlo o destruirlo, de todos los males que nos aquejan, de la deuda y el déficit, cuando saben perfectamente que es mentira, que la gran deuda de España es mayoritariamente privada, que el gasto público total de nuestro país es más bajo que el promedio de la U.E. (el 72%) y que el número de personas que trabajan en los servicios públicos (educación, sanidad, asistencia, policías, bomberos...) es menor que el de la mayoría de países europeos.

 

También nuestra derecha local, más castiza y más rancia, actúa igual. Como a sus jefes, lo público también les molesta. Ponen en marcha despidos de personal municipal y de sus entidades autónomas, eliminaron Ifeco, se cargarán el Imdeec, tienen dormida la Fundación Córdoba Ciudad Cultural, amenazan constantemente con cerrar y vender empresas, escuelas y edificios públicos y reducen inversiones productivas tirando al cubo de la basura convenios ya firmados -caso del Centro de Congresos- que pueden suponer millones de euros de inversión.

Frente a todo ello quiere alzarse esta columna. Es necesario plantarse y pregonar que hay otras alternativas. Al vociferante y chulesco “¡que se jodan!”, hay que oponer la fuerza de la razón, los deseos y las necesidades de la mayoría, la movilización popular y ciudadana en defensa de lo público. Pero defenderlo es también exigir que sea eficiente, que su gestión sea adecuada a las necesidades a las que responde y que no haya dobles y triples administraciones prestando un mismo servicio. Es, por ejemplo, replantearse definitivamente, el papel de las diputaciones. De todo ello hablaremos otros días.