Córdoba CF — Juzgados

El Córdoba CF alcanza un acuerdo judicial por el caso de la Ciudad Deportiva y zanja el asunto

Un campo de fútbol siete, una supuesta “estafa y falsedad documental”, 325.000 euros de litigio, varios dirigentes del Córdoba CF llamados a declarar, y un acuerdo a última hora. A las 10:00 horas del jueves, 1 de febrero, estaba previsto el juicio consecuente a la denuncia de la empresa Pro Fit Spirit, por el valor antes mencionado, ante la entidad blanquiverde por un presunto engaño en la construcción del campo de fútbol siete que, hoy en día, sin uso alguno, da la bienvenida a los visitantes de la Ciudad Deportiva. Se esperaban por la Ciudad de la Justicia a nombres como Antonio Fernández Monterrubio, Javier González Calvo o Abdulla Al-Zain. Pero, finalmente, no ocurrirá.

Según fuentes consultadas por este medio, ambas partes llegaron a un acuerdo durante la pasada madrugada para dar por finalizado el litigio. No han trascendido más detalles de dicho acuerdo, pero lo único fehaciente es que ninguno de los mencionados dirigentes blanquiverdes pasarán por el juzgado. Tras llegar a dicho acuerdo, los únicos presentes en la Ciudad de la Justicia serán los abogados de ambas partes, que comunicarán al juzgado que se ha alcanzado dicho acuerdo para, así, dar por finalizada la contienda entre la empresa, Pro Fit Spirit, y el Córdoba CF.

Cabe recordar que la empresa, mediante la denuncia por “presunta comisión de delito de estafa y falsedad documental”, requería a la entidad blanquiverde una cantidad de 325.000 euros. Este montante surge de un contrato, suscrito el pasado 11 de noviembre de 2022, por el cual, la empresa Pro Fit Spirit “debía ejecutar la construcción de un campo de fútbol de césped artificial en las instalaciones utilizadas por el Córdoba CF y conocidas como Ciudad Deportiva”. Además, “tras la construcción de dicho campo, Pro Fit Spirit prestaría servicios de tecnificación deportiva a los futbolistas de las categorías inferiores”, tal y como reza el escrito presentado.

Este acuerdo, firmado por el anterior mandatario del Córdoba CF, Javier González Calvo, fue ejecutado y, como puede ser observado por todos, dicho campo fue construido en los terrenos de la Ciudad Deportiva, en el mismo lugar donde, años atrás, existía otro campo de fútbol siete de albero. El contrato firmado en 2022 tenía “una duración de siete años”, y “Pro Fit debía percibir una remuneración de 3.400 euros mensuales, actualizados anualmente, en 84 pagos, impuestos no incluidos, a partir de mes siguiente a la finalización de la construcción del campo de fútbol”, tal y como explicaba la denuncia, siendo “condición esencial del contrato el cumplimiento de su plazo de duración, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato, el Córdoba CF prestó aval”.

El campo, como se ha mencionado anteriormente, fue construido, y su finalización se hizo pública el pasado 14 de abril del 2023. En la denuncia también constaba que “el día 15 de mayo se comunica la finalización de los trabajos y el inicio de los pagos que le tienen que ser satisfechos” a la empresa Pro Fit Spirit. Sin embargo, “a partir de este momento, el Córdoba CF ejecuta el plan que tenía preconcebido, consistente en no abonar el precio del contrato”, puntualizaban los denunciantes.

González Calvo y una firma como representante, no como consejero delegado

La denuncia también hacía hincapié en un hecho, según la parte denunciante, relevante. Tal y como rezaba el escrito, “tanto del contrato como del aval se hace necesario resaltar, pues en él reside el dolo antecedente que integra el elemento del tipo de la estafa, que a diferencia de lo manifestado en el contrato, González Calvo manifiesta actuar en el otorgamiento del aval como representante, no como consejero delegado. Tal extremo no resulta baladí”. Es por ello que, desde el Córdoba CF se sostenía “la nulidad del contrato y del aval”, ya que González Calvo “no ostentaba al momento de la firma la condición de consejero delegado y, por tanto, carecía de facultades para obligar a la entidad”. Cabe destacar que el contrato data de noviembre de 2022, mientras que el club hizo público el cese de González Calvo en mayo de 2023.

Así, la denuncia presentada en su momento concluía subrayando que tanto el club como los consejeros denunciados, “sabedores de que González Calvo había sido cesado como consejero delegado a la firma del contrato y el aval, permitieron que los suscribiese, consintieron que Pro Fit lo ejecutase y, cuando finalizada la construcción del campo de fútbol y ya en su poder, aprovecharon tal engaño para causar a mi representada un perjuicio patrimonial ascendente a 103.821,50 euros, más el causado por impedir la prestación de servicios de tecnificación deportiva”, una cifra que ascendería a algo más de 320.000 euros. Sin embargo, finalmente, antes de llegar al juicio, ambas partes han llegado al acuerdo explicado con anterioridad, sin que hayan trascendido más detalles del mismo.