Córdoba CF

El Juzgado cita a Monterrubio, González Calvo y Abdulla Al-Zain por una denuncia por “estafa y falsedad documental”

Nueva actualidad judicial en torno al Córdoba CF, que parece que ha sumado una causa más a su lista de intervenciones abiertas. El protagonismo en este caso vuelve a estar fuera del fútbol, que no tanto del césped, puesto que este jueves se ha conocido que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Córdoba ha citado a declarar a Javier González Calvo, exconsejero delegado del club, así como a Antonio Fernández Monterrubio, actual CEO blanquiverde, y Abdulla Al-Zain, presidente del club, debido a una denuncia de “estafa y falsedad documental”. La misma fue interpuesta por la empresa Pro Fit Spirit, la cual reclama que se le adeuda la cantidad de 325.000 euros por la construcción de un campo de césped artificial en la Ciudad Deportiva, además de la prestación de otros servicios.

Dicha información ha sido adelantada por los compañeros de ABC Córdoba, y en el auto de denuncia, al que ha tenido igualmente acceso CORDÓPOLIS, recoge que se debe a “la presunta comisión de delito de estafa y de falsedad documental”, estando dirigida la misma, además de los ya citados, a otros altos cargos del club. Sin embargo, de momento, únicamente los tres mencionados han sido convocados como “investigados”.

Igualmente, el escrito detalla que el día 11 de noviembre de 2022, el demandante -en este caso, la empresa Pro Fit Spirit- suscribió un contrato con el Córdoba CF, mediante el que debía “ejecutar la construcción de un campo de fútbol de césped artificial en las instalaciones utilizadas por el Córdoba CF y conocidas como Ciudad Deportiva”. Además, “tras la construcción de dicho campo, Pro Fit prestaría servicios de tecnificación deportiva a los futbolistas de las categorías inferiores”, añade. Dicho acuerdo lo firmó González Calvo, en su momento como consejero delegado de la entidad.

“El contrato tiene una duración de siete años y Pro Fit debía percibir una remuneración de 3.400 euros mensuales, actualizados anualmente, en 84 pagos, impuestos no incluidos, a partir de mes siguiente a la finalización de la construcción del campo de fútbol”, explica la denuncia, siendo “condición esencial del contrato el cumplimiento de su plazo de duración, en garantía del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato, el Córdoba CF prestó aval”. La finalización de dicho terreno de fútbol se hizo pública el 14 de abril del presente año, por lo que, continúa el documento, “el día 15 de mayo de 2023” se “comunica la finalización de los trabajos y el inicio de los pagos que le tienen que ser satisfechos”. No obstante, “a partir de este momento, el Córdoba CF ejecuta el plan que tenía preconcebido, consistente en no abonar el precio del contrato”, puntualizan los denunciantes.

Anteriormente, eso sí, se expone un punto, según dicha parte, relevante, y es que “tanto del contrato como del aval se hace necesario resaltar, pues en él reside el dolo antecedente que integra el elemento del tipo de la estafa, que a diferencia de lo manifestado en el contrato, González Calvo manifiesta actuar en el otorgamiento del aval como representante, no como consejero delegado. Tal extremo no resulta baladí”. De este modo, se indica que la entidad califa “sostiene la nulidad del contrato y del aval”, debido a que González Calvo “no ostentaba al momento de la firma la condición de consejero delegado y, por tanto, carecía de facultades para obligar a la entidad”. Hay que recordar, sin embargo, que el club hizo público el cese del extremeño en mayo del 2023, mientras que la firma, como se ha dicho anteriormente, data del mes de noviembre de 2022.

En conclusión, la denuncia subraya que el club y los consejeros denunciados, “sabedores de que González Calvo había sido cesado como consejero delegado a la firma del contrato y el aval, permitieron que los suscribiese, consintieron que Pro Fit lo ejecutase y, cuando finalizada la construcción del campo de fútbol y ya en su poder, aprovecharon tal engaño para causar a mi representada un perjuicio patrimonial ascendente a 103.821,50 euros, más el causado por impedir la prestación de servicios de tecnificación deportiva”, una cifra que ascendería a algo más de 320.000 euros, que es lo que reclama la empresa.