La RAE da hasta cinco definiciones y su significado no es el mismo según la filosofía (o, mejor dicho, según los distintos filósofos) y diferente según la ética. En nuestra sociedad se ha convertido en un pozo enorme de fangos de distintos colores. Si tuviera que elegir una palabra, podredumbre.
El presidente Pedro Sánchez anunció hace poco un plan estatal rutilante de lucha contra la corrupción con 15 medidas. Las he examinado y, bueno, no digo que no esté bien ponerlas en marcha para revertir este olor a descomposición, pero, tal vez, estemos dejando demasiado atrás a la “otra parte”. Las empresas sin las que, por ejemplo, el señor Santos Cerdán no estaría en prisión. “El juez sitúa a Acciona en el centro del caso Cerdán y le atribuye el pago de las mordidas”. No lo digo yo, lo dice la prensa y parece que también el juez Leopoldo Puente.
Suscribo las medidas anunciadas (una agencia nueva anticorrupción, mayor control en la contratación pública, una nueva ley de administración en donde la transparencia sea la clave, reforzar la fiscalía anticorrupción, ampliar las penas y los plazos de prescripción, etc), pero me pregunto si el acento no estará en dotar de más medios a la administración de justicia y a las fuerzas de seguridad del estado para que los delitos sobre la corrupción, que ya están y muy claritos en el código penal, se persigan de manera efectiva.
Y es que resulta hasta risible que haya medidas anunciadas que parece no existían… ¿Empresas rimbombantes de este país, con años de escándalos a sus espaldas que siguen accediendo a la contratación pública? Increíble.
Para que haya un funcionario o político corrupto, que pone la mano u obtiene cualquier ventaja de una empresa, lo que es execrable de manera rotunda por la función pública que desarrollan, no olvidemos que hay una empresa que también delinque y que, curiosamente, es como si continuara su camino... y otra vez sigue y sigue, como el conejo de Duracell.
Pero, es más - para que lo sepan-, el delito de corrupción en el sector privado también existe. Fue introducido por la LO 5/2010 para dar cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales, relativas a la lucha contra la corrupción en el sector privado y reformado por la LO 1/2015. Sí, el delito de corrupción entre particulares está en el artículo 286 bis del Código Penal.
Sepan que conductas asumidas socialmente como normales, en tiempos pasados y aún hoy, de entregar regalos, o hacer ofrecimientos de tipo económico, a responsables de empresas por parte de los que aspiran a prestarles servicios, o venderles productos, para conseguir el “favor” de ese negocio frente a otro competidor, son conductas que caen de lleno en ese delito y con una pena nada baladí.
Aristóteles ya lo vio. Su idea de la corrupción era simple y clara. La desviación de la virtud y el alejamiento del bien común, tanto a nivel individual, como en la esfera política. Una desviación por exceso, por defecto, o por falta de templanza.
Hagamos todos autocritica. Tirar la primera piedra nunca fue fácil. Cuando oigo los anuncios radiofónicos de ciertas empresas en las ondas mañaneras, no digo que sean delictivos, pero sí digo que, si Aristóteles levantara la cabeza, diría … Feo, feo, feo.
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