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Un juez ordena el embargo de las cuentas a un padre tras negarse a pagar 1.000 euros de la pensión de sus hijos

Fachada principal de la Ciudad de la Justicia.

Alejandra Luque

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Baena ha ordenado el embargo de las cuentas de un hombre después de que se negara a abonar las cantidades adeudadas en concepción de pensión de sus hijos y tras encontrarse en paradero desconocido. Las cantidades a las que debe responder ascienden a 1.000 euros más otros 900 euros por intereses y costas.

En una sentencia de marzo de 2019, el magistrado solicitó al padre el pago de la pensiones correspondientes. En aquel momento, las cantidades ascendían a 3.000 euros más otros 1.000 euros en concepto de intereses y costas. Asimismo, en la sentencia pidió al condenado que cumpliera con los términos del convenio regulador respecto al régimen de visitas y estancias en el domicilio. Tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el demandado puede manifestar, en un tiempo establecido, los motivos por los que se niega a responder a lo estipulado por el juez.

En este caso, el magistrado concedió al padre el plazo de cinco días para que manifestara los motivos por los que se negaba a pagar las pensiones de sus hijos. Cerca un año después, en abril de 2020, el juzgado dictó de nuevo otra sentencia emplazando al progenitor a abonar las cantidades que aún adeudaba en esa fecha, que ascendían a 1.000 euros de la pensión y 900 euros por intereses y costas. De nuevo, se le solicitó que alegara los motivos ante su negativa a abonar las cantidades. Mientras, el juzgado decidió embargar las cuentas del condenado hasta cubrir las cantidades requeridas.

Además, en esta nueva sentencia se le pidió al progenitor que pusiera en conocimiento del juzgado una relación de bienes e inmuebles con el fin de abonar la deuda. Con el objetivo de contar con estos datos, y ante la falta de colaboración por parte del padre, el magistrado solicitó permiso de investigación judicial de su patrimonio a través de entidades financieras y organismo y registros públicos.

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