Declara ante el juez la antigua cúpula de Infraestructuras por el caso de presuntos contratos amañados

La Ciudad de la Justicia de Córdoba ha acogido este viernes la declaración ante el juez, como investigados, de la antigua cúpula del área de Infraestructuras del Ayuntamiento, por el caso abierto en el que se han detectado presuntos contratos amañados.

Ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, han prestado declaración el exconcejal David Dorado, que estaba al frente del área de Infraestructuras cuando estalló el caso, la entonces coordinadora general del área, María Luisa Bueno, y el funcionario responsable de los contratos investigados. Asimismo, han declarado en esta jornada tres de la veintena de empresarios que fueron detenidos en su día por la Policía Nacional y encausados por los hechos que se investigan. Se les investiga por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y grupo criminal.

Tanto David Dorado como María Luisa Bueno se han ratificado ante el juez en su primera declaración, en defensa de su inocencia. El exconcejal ha contestado a preguntas de su abogado y a las del juez, que también ha añadido cuestiones relativas al atestado de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, cuando en diciembre de 2022 fue detenido y puesto en libertad con cargos. Dorado asegura que su situación de investigado responde a darle las garantías procesales necesarias en el caso.

La declaración ante el juez de cada uno de los tres integrantes de la anterior cúpula del área de Infraestructuras municipal ha durado alrededor de media hora.

Investigación y detenciones 

Dorado ha respondido a las preguntas del magistrado tras ser detenido en el mes de diciembre de 2022 en el llamado Caso Infraestructuras, una investigación policial sobre una presunta trama de amaños de contratos públicos en el Ayuntamiento de Córdoba. Ante los agentes se acogió a su derecho a no declarar. 

En este caso, la UDEF ha arrestado en este tiempo, además de a los excaergos que han prestado declaración este viernes, a más de una veintena de empresarios, a los que se les imputa los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal.

El Caso Infraestructuras saltó a la esfera pública en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

Al conocerse esto, el gobierno municipal descartó cualquier implicación pero, no obstante, a finales de abril de 2021 ordenó abrir un expediente de información reservada sobre los contratos de Infraestructuras que habían provocado las sospechas y acusaciones de IU. A las pocas semanas, el 12 de mayo, IU y Podemos llevaban formalmente ante la Fiscalía los contratos señalados y solicitaban que investigara tres presuntos delitos en ellos.

Fiscalía halló indicios de delitos

No fue hasta noviembre cuando la Fiscalía concluyó la investigación a petición de IU y Podemos y halló indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras, trasladándolo al juzgado para abrir la instrucción del 'caso Infraestructuras'. Fue entonces cuando el alcalde anunció que el Ayuntamiento se personaría como parte afectada en dicho caso.

Cordópolis pudo acceder al escrito de la Fiscalía sobre su investigación de los contratos, en los que apreció fraccionamiento, falsedad documental y vinculaciones familiares.