Condenado un vecino de Pozoblanco por agredir a un guardia civil

Los servicios jurídicos de AUGC han asesorado y representado a un guardia civil destinado en el Puesto de Pozoblanco, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba mediante la que se condena a un vecino de dicha localidad como autor de un delito de atentado y otro de lesiones leves, por los que se le impone la pena de seis meses de prisión, así como a indemnizar al agente por las lesiones sufridas con más de 2.300 euros.

Los hechos tuvieron lugar durante la celebración de la Feria de Dos Torres en agosto de 2018, cuando dos guardias civiles del Puesto de Pozoblanco identificaron y cachearon a un joven que mostraba actitud sospechosa, al cual le encontraron varias bolsitas conteniendo la sustancia MDMA, momento en el que intentó huir del lugar, y al ser interceptado por uno de los agentes embistió contra el mismo, tirándolo al suelo y ocasionándole diversas lesiones por las que ahora deberá indemnizarle con más de dos mil euros.

AUGC reclama el incremento de las penas

AUGC lleva años denunciando las agresiones, amenazas e insultos que tienen que soportar los guardias civiles en la provincia de Córdoba y en todo el país. De hecho, las recientes estadísticas oficiales revelan que el mayor índice de accidentes de agentes se produce por agresiones físicas.

Por ello, desde hace mucho tiempo AUGC viene reclamando que se modifique el código penal para endurecer las penas por este tipo de delitos, y hace tres meses dirigió junto al SUP un escrito a Fernando Grande-Marlaska trasladándole dicha reclamación, al entender que es preciso acometer una reforma legislativa para adecuar los tipos penales del artículo 550 del Código Penal, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno. Desde el Ministerio del Interior se valoró positivamente dicha propuesta conjunta de AUGC y SUP, pero por otro lado en una respuesta parlamentaria ha rechazado ese agravamiento de las penas, algo incomprensible.

“Es desolador ver lo barato que sale agredir a un agente en España, con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes los agresores. Situación que contrasta con el sistema penal de otros países próximos, como el francés, donde no solamente los gendarmes y policías gozan de una protección judicial mucho mayor, sino que además dicha protección se extiende a los bienes, propiedades y familiares de los agentes”, aseguran desde AUGC.

“Es evidente que la levedad de las penas por agredir a trabajadores de la seguridad pública propicia este tipo de delitos. Por ello, los servicios jurídicos de AUGC van a seguir defendiendo a sus afiliados, personándose en todos estos casos para reclamar las mayores penas posibles y las indemnizaciones que correspondan a los guardias civiles afectados”, agregan.