El Colegio de Abogados pide que se cubran las plazas vacantes en los Juzgados de Familia y se amplíe la plantilla

El Colegio de Abogados de Córdoba ha solicitado a la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en Córdoba que se cubran las plazas vacantes en los Juzgados de Familia de la capital y se amplíe la plantilla con refuerzos.

En un escrito remitido a la Delegada Territorial, Purificación Joyera, el Decano Carlos Arias López, ha alertado del grave perjuicio que está ocasionando en concreto en el Juzgado de Primera Instancia nº 3, “la insuficiente cobertura de plazas de funcionarios como resultado de un concurso de traslados”, existiendo en la actualidad dos negociados sin cubrir, con las consecuente repercusión tanto para la ciudadanía como para los operadores jurídicos y funcionarios de dicho órgano.

Solo en este último juzgado, argumenta Carlos Arias en su escrito, “durante el año 2021 se registraron un total de 2.642 asuntos, una cifra que en 2020 alcanzó los 2.552 asuntos, a pesar de la paralización provocada por la pandemia, y en 2019 la cantidad de 2.914 asuntos”. A estos, hay que sumar la presentación de escritos, que en 2021 alcanzó la cifra de 7.465 y de 6.358 en 2020; eso sin tener en cuenta los escritos que no tienen entrada vía Lexnet.

La media de asuntos fijada por los módulos del Consejo General del Poder Judicial se sitúa en 1.323 para un Juzgado de similares características a este, lo que supone, en palabras del Decano, “que en la actualidad el Juzgado de Primera Instancia nº 3 esté soportando una carga equivalente a la de dos órganos judiciales”.

Por ello, y teniendo en cuenta la naturaleza de la materia objeto de los Juzgados de Familia, donde se ven afectados intereses de menores y cuestiones de orden público, Carlos Arias ha solicitado a la Delegación Territorial que “se atienda a la mayor brevedad y urgencia la petición de cubrir las plazas vacantes y de ampliar mediante el necesario refuerzo, las plantillas de funcionarios, siendo esencial que dicho personal reciba la necesaria formación para poder desarrollar con eficiencia un trabajo que afecta a una materia tan especial y sensible”.

De hecho, el Decano llama la atención en que la situación puede verse agravada a raíz de la entrada en vigor el pasado 3 de septiembre de la Ley 8/2021, que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad. “Dicha Ley, impone a los Juzgados revisar de oficio en un plazo máximo de tres años, las medidas previamente acordadas para adaptarlas al nuevo ordenamiento, lo que junto a las peticiones que se realicen a instancia de parte, supondrá un incremento sustancial del volumen de asuntos a resolver por dichos Juzgados, que vendrá a sumarse al que ya soportan”, asegura Carlos Arias.

En tanto en cuanto se atienda la petición cursada desde hace años de la creación de un nuevo Juzgado de Familia en Córdoba, el Decano reconoce que la situación ha podido ser paliada en parte con el nombramiento de una Juez de Adscripción Territorial y una Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo. “Su labor, junto con la realizada por el Magistrado Titular, la Letrada de la Administración de Justicia y los funcionarios que desempeñan su trabajo en dicho Juzgado, ha sido valorada positivamente por el Consejo General del Poder Judicial”.

Cabe recordar que en Córdoba capital, con una población que supera los 326.000 habitantes, existen solo dos Juzgados de Primera Instancia especializados en Derecho de Familia. El Juzgado nº 5 asume algo más de un 30 por ciento de los asuntos de Familia, al tener también atribuidas competencias de Registro Civil, además de asuntos de internamientos e incapacidades. Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 asume el resto de procedimientos de Familia, además de los relativos también a internamientos e incapacidades.