El sector advierte a Urbanismo de que su medida no detendrá el fenómeno de la vivienda turística

La decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de paralizar la concesión de licencias para cambios de uso del espacio residencial a uso terciario en varias zonas del casco histórico de Córdoba, como una medida para luchar contra la gentrificación “no tendrá efecto” sobre uno de los fenómenos que más ha cambiado el sector turístico cordobés como es la vivienda con fines turísticos.

Al menos, esa es la opinión de la patronal del sector, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), cuyo presidente, Carlos Pérez-Lanzac, afirma en declaraciones a CORDÓPOLIS que “el Ayuntamiento de Córdoba no tiene potestad para controlar las licencias para viviendas turísticas, porque no le corresponde, pues las competencias son de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía”.

Esta afirmación, por tanto, limitaría el impacto de la medida anunciada por el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García al “sector hotelero” o los “apartamentos turísticos”, pero no para las viviendas o pisos de alquiler vacacional, que no necesitan modificar su uso para operar de manera legal y basta con que cumplan “los requisitos del decreto de 2016 de la Junta de Andalucía”. Además, la medida tampoco tendría efecto sobre los pisos con fines turísticos que operan de manera irregular, sin estar dados de alta en el registro.

Por tanto, para Pérez-Lanzac, el anuncio del presidente de la Gerencia no tiene “ningún efecto” sobre quién tenga una vivienda residencial y quiera alquilarlo a turistas. Sencillamente, deberá acreditar que cumple los requisitos que demanda la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y empezar a anunciarse en los portales habituales, sin que sea necesario el concurso de Urbanismo.

“Asumimos que, si el Ayuntamiento plantea cualquier limitación, ésta tendrá una justificación jurídica que lo soporte, que sea proporcional y fundamentada”, señala el presidente de la patronal de la vivienda turística en Andalucía, que sostiene que “la única herramienta que tienen los ayuntamientos es plantear una modificación del Plan General de Ordenación Urbana”.

Por su parte, el abogado urbanístico Pablo Valverde, coincide con la tesis planteada de que la medida de Urbanismo no combate el fenómeno de la vivienda de alquiler turístico, pues éstas “no está sujetas a licencia de actividad de ningún tipo”. Valverde puntualiza que, por lo que ha leído, parece que el Ayuntamiento quiere “meterle mano” tanto a los apartamentos turísticos como a los pisos de alquiler vacacional, si bien con los segundos “lo tiene complicado”.

“Otro caso sería que se quiera hacer una obra en una vivienda turística, se crucen datos, y en Urbanismo averigüen que la obra es para una vivienda turística, pero tampoco tiene sentido negársela, pues sería perjudicar a quién tiene su vivienda dada de alta y está cumpliendo con la legalidad”, sostienen desde el Despacho Cecilio Valverde y Asociados.

Aehcor alaba la decisión: “Algo hay que hacer”

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, también se ha pronunciado en declaraciones a CORDÓPOLIS sobre la decisión de la Gerencia. De entrada, reconoce que falta por leer la letra pequeña, si bien alaba “la arriesgada decisión, porque hay que moverse”. “Nosotros apoyamos el movimiento, porque algo hay que hacer. No sabemos si será positivo o negativo, pero el movimiento es importante”, afirma tajante Fragero.

A su juicio, la decisión tomada por Urbanismo es “una medida positiva en el sentido de que permite organizar lo que tenemos”, si bien queda por ver “cómo afecta a las viviendas turísticas”. En este sentido, Fragero confía en que, dentro de la modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Córdoba (PECHC), se implemente “otra medida paralela que será la que afecte a las viviendas turísticas”, porque “está demostrado que éstas no tienen un uso residencial”. A este respecto, reconoce que la paralización de las licencias no va a afectar a “muchos proyectos de apartamentos turísticos”. “Al menos si los comparamos con el cambio de uso para vivienda turística”, apostilla el presidente de la patronal hotelera.

Fragero vuelve a insistir en que lo primordial es permitir la entrada de “actores que permitan la localización y la denuncia de las viviendas que se alquilan de manera irregular”, y recuerda que el marco podría cambiar, después de que el Gobierno anunciara que las plataformas colaborativas, sociedades y personas físicas que intermedian en el arrendamiento o cesión del uso de viviendas con fines turísticos estarán obligadas realizar declaraciones informativas periódicas a Hacienda, a partir del 1 de enero de 2018.

De forma paralela, Fragero insta al Ayuntamiento a que, al igual que en otras ciudades, se haga un informe en el que se detallen todas las viviendas turísticas que hay en la ciudad, ya sean éstas legales e ilegales.