La operación 'Barrado' recibió el nombre de un acto contable

La Guardia Civil escuchó la conjugación del verbo 'barrar' en la investigación que le ha llevado a detener por orden de la jueza Alaya a 13 exaltos cargos de la Consejería de Empleo

El verbo 'barrar' solo existe para la Real Academia de la Lengua en España como el significado de “embarrar”. No obstante, el verbo sí que ha sido muy escuchado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante la investigación que la pasada semana culminó con la detención de 13 exaltos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta en las ocho provincias de Andalucía.

Los agentes escucharon en multitud de ocasiones que tal o cual presupuesto había sido “barrado” en el caso de los cursos de formación. Para una persona ajena al mundo de la contabilidad, este tecnicismo se convertía en ininteligible. Poco a poco, y sobre todo tras hablar con los ocho interventores generales de la Junta en las ocho provincias andaluzas los guardias civiles entendieron qué significaba el verbo 'barrar' en la contabilidad.

Fuentes cercanas a la investigación han detallado que el 'barrado' de un presupuesto es una técnica contable “muy antigua” en las cuentas públicas. Así, sostienen que 'barrar' algo significa que cuando, por ejemplo, un presupuesto no se ha agotado la cantidad sobrante se arrastra al siguiente. Es decir, si había diez para gastar y solo se produjo un gasto efectivo de ocho los dos sobrantes pasan al presupuesto siguiente.

Las fuentes precisan que la técnica contable consistía en que se 'barraba' un presupuesto para el año siguiente sin que el gasto estuviese justificado. Es decir, los beneficiarios de subvenciones públicas para dar cursos de formación no justificaban al detalle que se habían gastado todo el dinero. Como apenas había tiempo entre convocatoria y convocatoria para comprobarlo, los responsables de las distintas consejerías de Empleo daban la orden de “exonerar” la justificación del gasto y estas empresas podían presentarse otra vez a la siguiente convocatoria. En eso consistía el 'barrado' contable y por eso este operativo ha sido bautizado con ese extraño y al principio incompresible nombre.

En Córdoba, la operación 'Barrado' ha acabado con la detención de la exdirectora general de Formación, María José Lara, y el exdelegado provincial de Empleo, Antonio Fernández.

La Guardia Civil acusa a estos altos cargos del Gobierno andaluz de varios delitos, pero principalmente de los de prevaricación y los de falsedad documental. Según ha podido saber este periódico, los agentes han podido comprobar tras un registro en la sede de la Dirección General de Empleo de la Junta de Andalucía que muchos de los expedientes con los que se certificaba el pago de estos cursos de formación estaban casi totalmente incompletos. Así, señalaban que lo que podía ser una excepción se había impuesto como costumbre: la investigación asegura que se certificaba el pago de muchos de estos cursos sin que se justificasen debidamente los gastos. En muchos casos, los expedientes se cerraban sin que existiesen facturas de gastos, algo que habría comprobado la Guardia Civil en un exhaustivo análisis de la documentación requisada.

“Se trataba de un sistema organizado, sistemático y extendido”, aseguran las fuentes, que detallan que en muchas convocatorias participaban siempre las mismas empresas que impartían cursos de formación.

LA ‘CONFESIÓN’ DE CAÑAVATE

Esta investigación de la Guardia Civil ha sido posible gracias a los informes elaborados por las ocho intervenciones generales de fondos de la Junta de Andalucía en las ocho provincias, las conclusiones de la Cámara de Cuentas y, sobre todo, la ‘confesión’ de un director general de Formación Profesional para el Empleo del Gobierno andaluz, Carlos Cañavate, cesado hace unos meses.

El papel de Cañavate fue siendo un antes y un después para la investigación policial. En su declaración, voluntaria aunque fue llamado a declarar por la Guardia Civil, Cañavate describió la situación que encontró en la Consejería de Educación sobre la gestión de los fondos europeos de los cursos de formación. Según ha trascendido,Cañavate aseguró que la gestión de los mismos era “desastrosa”.

La opinión ante la Guardia Civil de este director general no difiere mucho de la tesis que han defendido hasta ahora los investigadores, tanto los del instituto armado como los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que otra investigación independiente a esta, pero cruzada. Esta hipótesis, confirmada por el director general Carlos Cañavate, sostiene que hubo un fraude generalizado debido a la ingente cantidad de dinero que llegó y que no fue justificado. Según Cañavate, la situación era tan “desastrosa” que la Junta de Andalucía, ante la imposibilidad de revisar uno a uno miles de expedientes, optó por exonerar a las empresas que impartían cursos de formación ante el riesgo de que el sistema colapsase.

¿Significa esto que hubiese fraude en todos los cursos? No. Según la tesis de los investigadores y de la propia Junta de Andalucía, significa que hubo empresas que aprovecharon este “descontrol” y otras que hicieron los deberes. El trabajo está en separar ahora el grano de la paja, una tarea que ya ha iniciado la Junta de Andalucía, con la reclamación de la devolución de ayudas y a la que se va a poner manos a la obra la juez Mercedes Alaya. La propia magistrada sostiene que la documentación que ha solicitado a la Junta de Andalucía sobre los cursos de formación (todos los que se impartieron desde 2001 hasta 2012, aunque los anteriores a 2008 hayan prescrito) supera los dos millones de folios.