El Ayuntamiento propone suspender cautelarmente el pago del impuesto de plusvalía ante la sentencia del Constitucional

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba propondrá a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno central la suspensión cautelar de la liquidación del impuesto de plusvalía ante la sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado por inconstitucional distintos criterios de este impuesto. “Hay que aplicar la sentencia”.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha explicado que la FEMP ha requerido una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda para abordar este asunto. El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales una serie de artículos de la ley de Haciendas Locales que establecen un método objetivo para calcular la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

La recaudación del impuesto de plusvalía es el segundo pilar de ingresos de los ayuntamientos después del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Fuentes ha reclamado, asimismo, que en la solución que se consensúen entre ayuntamientos y Gobierno, se establezca “una compensación” para las administraciones locales.

En las cuentas del Ayuntamiento de Córdoba, la recaudación del impuesto de plusvalía supone alrededor de 15 millones, de donde ya se descuenta el de mortis causa -entre 2 y 3 millones-, eliminado por el propio Consistorio.

Desde el gobierno municipal se ha recordado que en el año 2017 “ya se sabía que podía pasar” la decisión del Tribunal Constitucional y que, no en vano, el Gobierno preparaba un borrador para abordar en qué situación se quedaba el impuesto de plusvalía, “garantizando la constitucionalidad del tributo y ofreciendo seguridad jurídica al contribuyente y sostenibilidad y certidumbre a los ayuntamientos”.

Por eso, Fuentes ha pedido que el Gobierno dé “certidumbre” a los ayuntamientos ante la anulación del impuesto de plusvalía. “Es un problema de Estado que hay que resolver inmediatamente”.

“Lo que procede es la reunión urgente de la Comisión Nacional de Administración Local entre la FEMP y el Gobierno, para tratar la urgencia de este boquete presupuestario que se queda en los ayuntamientos” y que, a nivel estatal, supone varios miles de millones de euros.

Asimismo, ha indicado que, ahora mismo, “se queda en un impás la elaboración del presupuesto municipal”, que se vería afectado por la merma de esos ingresos por el impuesto de plusvalía. “Ahora hay que hacer encaje de bolillos”, ha dicho Fuentes que.no obstante ha señalado que la aprobación de las Ordenanzas Fiscales no corre peligro y entrarán en vigor el 1 de enero de 2022.