La Junta investiga una denuncia por fraude en la escolarización en Córdoba

La Junta de Andalucía investiga una denuncia por un presunto fraude en la escolarización en Córdoba. La Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha finalizado la campaña de investigación para la detección de fraude en las escolarizaciones en centros educativos, correspondientes al curso 2019-2020, con un total de 293 casos repartidos en las provincias de Sevilla, Almería, Granada, Jaén y Córdoba, con un solo caso en la provincia cordobesa.

La campaña se inició a finales del mes de junio y se ha desarrollado dentro del marco de colaboración institucional entre las distintas delegaciones territoriales de Educación y Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, que depende de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, mediante sus diferentes Jefaturas Provinciales.

Así las cosas, según se indica en una nota de prensa, esta Unidad ha investigado un total de 293 casos denunciados de posibles empadronamientos fraudulentos en domicilios de Sevilla, Almería, Granada, Jaén y Córdoba, con el fin de obtener una plaza en centros educativos públicos o privados concertados en estas provincias.

Por provincias, Sevilla es la que más casos de denuncias tiene, con un total de 102. Le sigue Almería, que acumula durante esta campaña 96 denuncias, mientras que Granada suma 73 casos, Jaén tiene 21 y Córdoba, una incidencia.

El procedimiento de empadronamiento fraudulento más habitual es situar como domicilio habitual el de los abuelos de los menores o el de otros familiares, fundamentalmente tíos o incluso amistades de los padres de los escolares.

Con estas actuaciones desarrolladas por la Policía Adscrita se pretende evitar el “grave” perjuicio que se les causa a los padres cuyos hijos no pueden obtener una plaza en el centro educativo que les corresponde por su residencia, dado que algunas de estas plazas educativas son ocupadas por menores cuyos padres o madres han falseado los datos reales de empadronamiento con el objeto de que sus hijos puedan estudiar en un centro distinto al que les corresponde por residencia.

Los informes realizados se han remitido a las distintas delegaciones territoriales de Educación y Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que son quienes en última instancia concluirán con una resolución sobre la admisión o no del alumno en el colegio correspondiente.