Empleados del notario acusado de apropiarse de 373.000 euros dicen que no recibieron órdenes

Empleados del notario Carlos Alburquerque, ya jubilado, acusado de un delito continuado de apropiación indebida, tras supuestamente apropiarse de 373.484 euros de unas 126 operaciones con clientes entre 2005 y 2015, han declarado este martes ante los jueces que “nunca” recibieron órdenes, ni instrucciones del procesado para inflar provisiones de fondo, ni sobre los cálculos de las mismas.

Durante la segunda sesión del juicio en la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba, uno de los empleados ha manifestado que el notario no realizaba facturas, ni el cálculo de las provisiones, a lo que ha añadido que no había práctica habitual de impagos, dándose en el 1% de los casos, y que su mujer tampoco daba órdenes a tal efecto.

Mientras, otra empleada ha explicado que controlaba las provisiones de fondo, pero desconoce que se hicieran a una cuenta de una sociedad del procesado. Y otro trabajador ha negado que se modificara el programa de cálculo de provisiones de fondo, entre otros aspectos que han apuntado.

Por su parte, el delegado del Colegio de Notarios de Andalucía en Córdoba ha expuesto que en mayo de 2015 se recibió la primera queja sobre este caso, que tardó “varios meses en contestar” el acusado, al tiempo que ha resaltado que desde el Consejo General del Notariado se dijo que “se iba a hacer todo lo posible para intentar resarcir el daño”.

Al respecto, Carlos Alburquerque ha reconocido los hechos este lunes ante los magistrados y se ha declarado “responsable del delito de apropiación indebida” tras recibir distintas cantidades que “no fueron objeto de alza”, pero no fueron destinadas al fin para el que fueron entregadas, según su relato antes de comenzar el interrogatorio de las partes.

Tras advertir de “las dificultades económicas” en la notaría, el acusado ha subrayado que “siempre” ha intentado remediar el problema y ha intentado reparar el daño, pero no le ha sido posible por completo. Además, ha dicho que fue “consciente” cuando apareció el problema en la gestión, si bien no supo parar a tiempo, según su declaración.

En cualquier caso, ha aclarado que “no existía voluntad expresa de apropiación”, ni dar instrucciones a empleados a tal efecto, a lo que ha agregado que “nunca” ha querido engañar a los clientes, parte de ellos con los que ha mantenido amistad, y que “nunca” se han inflado precios.

Igualmente, ha resaltado que su esposa no ha tenido “nada que ver” en los hechos y que su participación en la notaría ha sido “nominal” y de “relaciones públicas”, a la vez que ha remarcado que su “firme voluntad es devolver todas las cantidades” a los clientes afectados.

Y la mujer del notario ha explicado que “jamás” ha tenido acceso a las cuentas de la notaría, que “nunca” quería saber nada del dinero y que todo lo que le ponían delante lo firmaba cuando se lo decía su marido. También, ha expuesto que no tiene estudios financieros y que “siempre” ha confiado en su marido.

Petición de Fiscalía

En concreto, el procesado se enfrenta a penas de cuatro años de prisión, multa de 30.000 euros y el pago de una indemnización por la cantidad de la que presuntamente se apropió, según la calificación inicial de la Fiscalía.

En dicho escrito se apunta que el acusado en el año 2005 y de forma habitual entre 2009 y 2015, cuando se jubiló, recibió de distintos particulares y sociedades, “confiados en su credibilidad profesional”, diversas cantidades de dinero como provisión de fondos, por cheque bancario o transferencia, para que llevase a cabo escrituras, liquidaciones de impuestos, actas o inscripciones en el Registro de la Propiedad.

Sin embargo, supuestamente “se apropió de las cantidades con ánimo de enriquecimiento ilícito, sin llegar a ejecutar efectivamente bien todos, bien parte de los trabajos encomendados”, según el Ministerio Público, que detalla que para lograr ello “se valía de la empresa familiar, cuyo objeto social es el asesoramiento y tramitación de toda clase de documentos ante organismos públicos y privados”.

A través de dicha entidad, añade la calificación, “se gestionaba administrativamente la documentación que se derivaba de las escrituras públicas, y en cuya cuenta bancaria de titularidad de la citada entidad se ingresaban las provisiones de fondos junto con las cuentas bancarias de titularidad del acusado”.

En concreto, el notario presuntamente se apropió de importes en abril de 2005 y posteriormente desde principios de enero de 2009 hasta 2015. Las cantidades oscilaban entre 270 euros y cerca de 24.000 euros. En otros casos no hacía frente a los gastos de plusvalía de los clientes que luego pagaban con intereses de demora y sanciones.

Por otra parte, el fiscal considera que su esposa ostentó el cargo de administradora única hasta octubre de 2014, fecha en que lo asumió su marido, si bien apunta que “no ha resultado acreditado” que ella participara en la ejecución en la ejecución de los hechos relatados, pero “sí se benefició de las cantidades apropiadas por su marido”.

Asimismo, el Ministerio Público indica que “no ha resultado acreditado, al menos a la fecha de presentación del escrito de calificación, que como consecuencia de los hechos, alguno de los perjudicados hayan visto frustradas sus expectativas de adquirir una vivienda como bien de primera necesidad”.

Información a los afectados

Cabe recordar que el Colegio Notarial de Andalucía abrió en 2015 una investigación ante las reclamaciones contra el citado notario, después de que presentaran las primeras reclamaciones y solo dos semanas después optó por jubilarse.

Así, el colegio hizo pública “su preocupación por las quejas recibidas de algunos ciudadanos sobre la actuación del notario”, al tiempo que destacaron que aunque carece de competencia sobre un notario jubilado, se inició la investigación de lo ocurrido y, a través de la delegación del colegio en Córdoba, se atiende a los afectados y se les informa de la situación y de los pasos que se dan.

Igualmente, subrayaron que el Colegio dedicará “todos sus esfuerzos al esclarecimiento de lo ocurrido y a que se garantice el derecho de las personas afectadas a ser indemnizadas en caso de que se confirmen las irregularidades denunciadas”.

Entretanto, desearon dejar constancia de que “las denuncias o quejas de los ciudadanos contra la actuación notarial son excepcionales, pues la actividad de los notarios no llega a generar ni un 0,1 por ciento de conflictividad”.