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Concurso de méritos: militante

Alfonso Alba

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Inés Sabalate era delegada de Empleo de la Junta en la provincia de Jaén. Antes de Semana Santa, se hizo archifamosa por varias cosas: primero, por que fue detenida junto a otros 12 exaltos cargos más de la Junta por la Guardia Civil en la operación 'Barrado'. Segundo, por que comenzó a circular un audio en el que siendo todavía delegada de Empleo se reunía con trabajadores públicos a los que les decía que o el PSOE ganaba las elecciones en la Junta o ellos se quedaban sin trabajo. El PSOE ganó, pero ellos perdieron su trabajo. Las famosas Utdlts de Andalucía siguen cerradas a cal y canto. Ayer trascendió en el diario Vozpópuli la declaración de Sabalate ante la Guardia Civil. El agente que la interrogó, apenas cinco horas después de su detención, se quedó bastante a cuadros con sus respuestas.

Sabalate reconoce ante la Guardia Civil que su único mérito para ser delegada de Empleo de la Junta era ser militante del PSOE. Que le dio su currículum al secretario general del PSOE de Jaén y que luego se reunión en la cafetería del Hotel Alfonso XIII de Sevilla (¡¡en la cafetería, no en la consejería!!) con el exconsejero Antonio Fernández, que la vio tan adecuada para el puesto que al día siguiente la llamó por teléfono para decirle que ya era delegada de Empleo en Jaén.

Obviamente, no se trata de un caso aislado. Durante muchos años (y no quiero generalizar porque sería bastante injusto) altos cargos de todos los partidos y de todas las administraciones han estado gestionando el dinero de todos con una escasa preparación. Entre sus méritos, muchos no contaban más que con ese, el de ser militante de un partido concreto. Y claro, luego pasa lo que pasa.

Además de Sabalate, ante la Guardia Civil también declaró la exconcejala del Ayuntamiento de Lucena y exdirectora general de Formación para el Empleo, María José Lara. Antes de negarse a hablar ante la jueza Alaya, lo hizo en el cuartel de la Guardia Civil para afirmar sin tapujos que siempre hacía caso a los técnicos. Poco menos, que todo lo firmaba (y todo son la concesión de millones de euros en cursos de formación que ahora se han demostrado fraudulentos) prácticamente sin mirar.

A partir de ahora, cuando un cargo público acceda a un cargo además de jurar o prometer defender y hacer cumplir la Constitución debería gritar bien fuerte: ¡sí, soy capaz de distinguir entre el bien y el mal, entre un expediente correcto y otro incorrecto y protegeré el dinero de todos los andaluces como si fuera el mío propio!

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