Sobre los desahucios, la justicia y algo más

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de marzo de 2013 -caso Aziz-, se han puesto en evidencia las deficiencias de nuestro sistema de protección judicial a los consumidores ante las cláusulas abusivas que las entidades bancarias, empresas o profesionales introducen en sus escritos de contratos a los que aquéllos se ven obligados a adherirse. Sin embargo, desde el 27 de junio de 2000 -caso Océano-Murciano Quintero-, este tribunal ha reiterado hasta la saciedad la obligación del Juez nacional de examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de los contratos concertados con consumidores “tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello”. Es decir, no había necesidad de esperar a esta sentencia para saber lo que interpreta este tribunal que se establece en la Directiva 93/13, y, que desde hace ahora 20 años debería proteger eficazmente a los ciudadanos españoles, por ser europeos y, en consecuencia, serles de aplicación algunas normas favorables que en Europa se dictan.

Es evidente que los jueces no han amparado a los consumidores en sus derechos, a las familias hipotecadas en su derecho como ciudadanos a la tutela judicial efectiva, a la vivienda digna, a la protección del domicilio y de la familia que en ella habita, a los derechos de los menores, (artículos 24.1, 47, 18 y 39, respectivamente de la C.E.) todo ello con la excusa de la fiel aplicación del principio de legalidad y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé un estricto procedimiento ejecutivo judicial que además había sido avalado por el Tribunal Constitucional, pero que era evidente que ha dado como resultado que las personas se hayan visto en la calle por circunstancias que escapan a su control y que el estado estada está obligado a prever.

Si esto es así en el procedimiento judicial, además se ha obligado a muchos a someterse a un procedimiento extrajudicial que deja al notario la ejecución violando incluso el derecho al procedimiento judicial, otorgando funciones jurisdiccionales a los notarios que, desde la última reforma de su estatuto jurídico, pueden no haber estudiado derecho.

HAGAMOS MEMORIA

Desde hace más de veinte años, los gobiernos locales, autonómicos, y del estado hicieron una apuesta por un sistema productivo basado de una manera temeraria en la construcción de viviendas; no sólo con los fines que le son propios, sino destinadas a la inversión especulativa. La fiebre del ladrillo, vestida “España va bien”, fue un fenómeno del que han presumido tanto los gobiernos del PP y del PSOE. Este situación que no hubiera sido posible sin las leyes y prácticas que, por separado y en su conjunto, suponen una declaración de rebeldía de los poderes del Estado contra el artículo 47 de la Constitución. Este artículo, para proteger el derecho de todos a una vivienda digna, ordena a los poderes públicos hacer imposible la especulación inmobiliaria.

Hoy nadie discutirá que los poderes públicos han permitido que los necesitados de vivienda se vieron obligados, ante la manipulación del mercado inmobiliario y la terrible especulación del suelo y la vivienda, a “picar” en la estafa de la compra de viviendas ante las aparentes ventajas de las contrataciones masivas de créditos hipotecarios frente a la inexistencia de un mercado de alquiler competitivo. Había que ser idiota para pagar más por alquilar que por comprar, y también se gravó a fuego en la mente de la sociedad que el precio de la vivienda nunca bajaría.

Cuando estalló la negada burbuja inmobiliaria y la gente salió de las obras a las colas del paro, recuerdo que me espantó la idea, la imagen anticipada viendo a las familias saliendo de sus casas y encadenados a una deuda perpetua. Ratificaba, escuchando a la gente, que nadie sabía que esa posibilidad era real para los que habían firmado una hipoteca. Nadie podría imaginar que entregando la vivienda no se liberaba de las deudas.

Pero las sorpresas serían con el tiempo más importantes para toda la sociedad. Aquí la pesadilla ha sido despertar a nuestra verdadera realidad como país. Ni teníamos el mejor sistema bancario de Europa, ni nuestros gobiernos había hecho otra cosa que llenar los bolsillos de la banca española extranjera, de las compañías de distribución de energía, telefonía, etc. Los gobiernos locales y autonómicos no sólo no han protegido los fondos y los intereses de los ciudadanos depositantes y de la pequeña y mediana empresa local en las Cajas de Ahorros que han desaparecido, que ya no existen para defender a los que peleamos en la economía real, la del tendero y el currito, la del agricultor y el ama de casa, ante la complicidad del Banco de España con la gran banca privada que se han quitado de en medio a esa competencia.

Los partidos y sindicatos que deberían representar y defender a la sociedad se han consolidado crecientemente ante la opinión pública como miembros de un régimen corrupto, cuando en todo caso es lo cierto que los vicios de la transición han facilitado que permanezca la idea franquista de desconfianza en esas herramientas imprescindibles para el funcionamiento de una democracia representativa.

Esos partidos, en muchos casos, se han financiado vendiéndose a las empresas promotoras y constructoras, como demuestran los tremendos casos de corrupción que, a lo largo y ancho de la piel de toro y de arriba abajo del entramado institucional, todo lo enloda.

Pero volviendo a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia europeo, por ella sabemos lo que cientos de abogados y cualquier ciudadano no jurista, podía deducir de la realidad diaria, que los españoles hemos estado indefensos ante los abusos en la contratación hipotecaria, ante la que no sólo no ha existido control de las instituciones, sino imposibilidad de ponerle remedio cuando ya se había producido. El resultado, hoy evidente, es que el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria obstaculiza la defensa del deudor, y vulnera la directiva 93/13 sobre derechos de los consumidores. Añado yo que desconoce el artículo 24 de la Constitución, (derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, sin indefensión). Pero además, las ejecuciones masivas derivan de la mayor tasa de desempleo de Europa que imposibilita afrontar los pagos de sus viviendas y conllevan a la práctica de desalojos forzosos masivos. En el marco del PIDESC, esta situación conculca gravemente otros derechos humanos como “ …el derecho a la vida, (¿estaría vivo Frank y tantos cientos con otras leyes?) el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, …”, (Observación General n° 7 del Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales).

Tras la sentencia, la situación tendría que haber cambiado, necesariamente, de forma radical. Pero el gobierno ha reaccionado cerrando la posibilidad de extraer las consecuencias más perjudiciales para la banca, y otras vías que los tribunales empezaban a entreabrir.

Que hoy tengamos esta sentencia, se lo debemos a Aziz, el ciudadano marroquí que ha seguido peleando incluso después de perder su vivienda. Ha tenido suerte de encontrar a un juez que se cuestionó si era abusivo y opuesto al derecho europeo que no poder pagar una cuota de un crédito a 33 años, suponga dar por vencido, anticipadamente, el resto del crédito. Se preguntaba el juez si no es un obstáculo al derecho de los consumidores que, por ejemplo, esta cláusula de vencimiento anticipado no pueda ser declarada abusiva, ni siquiera alegada en su defensa por el ciudadano hipotecado en el procedimiento ejecutivo que le echará de su casa. Sometió el juez a cuestión prejudicial, además, si los intereses de demora eran abusivos. Y por último, preguntó si no poder oponerse ante la liquidación de la deuda que el banco presenta, aplicando estas y otras muchas cláusulas abusivas, se oponía opuesto a la Directiva 93/13 CE.

Doy por sabida la respuesta del Tribunal. Han sido muchos juristas los que, de forma creciente, han puesto en evidencia la desproporción y parcialidad de nuestras leyes. Entre ellos, los abogados de las familias afectadas, unidas en plataformas y los Grupos Stop Desahucios que ahora hace dos años nacieron al calor del movimiento 15M y prendieron en la fértil dignidad de miles de ciudadanos.

La sentencia que deja en evidencia nuestras leyes, tenía y tiene fuerza obligatoria general. Ahora no hay excusa para paralizar procedimientos ilegales y declarar, incluso de oficio, la nulidad de las actuaciones desde la admisión a trámite de las demandas ejecutivas. El Derecho Comunitario ha amparado a los desamparados por el derecho nacional. Esta vergüenza nacional debe hacernos reflexionar colectivamente, y preguntarnos: si la norma era clara y aplicable, lo siguiente.

1º ¿Por qué no ha sido fielmente traspuesta la Directiva 93/13, a fin de proteger a los consumidores españoles en igualdad con el resto de ciudadanos europeos, y especialmente de los abusos en la contratación hipotecaria?.

2º ¿Por qué las leyes procesales han impedido a los ciudadanos acudir a los jueces en esos casos?.

3º; ¿Dónde estaban los poderes del estado desde hace veinte años y dónde está ahora el gobierno, y el resto de poderes del Estado para parar esta sangría y reparar lo reparable?.

4º Cuando es evidente que ha existido complicidad con la banca de todos los gobiernos desde 1993 en contra de los ciudadanos, ¿existe remedio en un estado social, democrático y de derecho?.

5º ¿Por qué el Tribunal Constitucional avaló normas que según podemos observar diariamente y podemos deducir de la sentencia del TJUE violan derechos constitucionales y derechos humanos?

6º Por último, ¿qué hacemos ahora las PAH y los Grupos Stop Desahucios, el millón y medio de españoles que firmaron la ILP, y los millones que se organizan cada día en plataformas ciudadanas? ¿ pedimos restablecer el orden constitucional o nos ponemos de acuerdo para constituir un verdadero acuerdo social?

Cada uno debe atenerse a los hechos y sacar sus propias conclusiones pensando en salidas y respuestas de futuro que no nos mantengan en el engaño. Este pueblo no ha parado de seguir a los tramposos, de creerse ignorante, de vivir acomplejado ante Europa, cuando cada ciudadano lleva la semilla de su propia liberación.

Mi posición es que, hagamos lo que hagamos, lo realicemos desde la mayoría sufriente de hoy, desde los cimientos, desde la ciudadanía que cree en que, ella misma y por ella misma, tiene el derecho y la obligación de construir UN ESTADO SOCIAL (YA NO QUEDA NI RASTRO) DEMOCRÁTICO (NO DE ESTAFA ELECTORAL) Y DE DERECHO.

UN ESTADO DONDE LOS GOBERNANTES NO VIOLEN IMPUNEMENTE LAS LEYES, DONDE TENGAMOS EL ORGULLO COLECTIVO DE QUE RESPLANDEZCAN LOS DERECHOS HUMANOS PORQUE LOS CIUDADANOS LOS EXIJAN Y LA JUSTICIA LOS HAGA EFECTIVOS.

Manuel Delgado Millán, abogado