Las 28 oficinas del SEPE en Córdoba contarán con Puntos Violeta

La sede de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) acoge este lunes y martes una actividad formativa que posibilitará que las 28 oficinas del servicio de la provincia de Córdoba, junto a su sede provincial, se conviertan en un entorno seguro para las víctimas de violencia machista, con los Puntos Violeta a partir del miércoles.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota, en la formación participan tanto la directora provincial del SEPE, como los subdirectores y todos los jefes de sección de la Dirección Provincial, además de los directores de todas las oficinas de prestaciones y sus jefes de área. También se forma al personal de la Oficina de Atención Telefónica.

Al respecto, la subdelegada del Gobierno, Ana López, ha inaugurado la formación y ha destacado “la importancia de que desde las administraciones, tanto los responsables, como el resto del personal, se impliquen para poner en valor y colaborar en proyectos tan necesarios para la ciudadanía, como es la seguridad y la ayuda a las mujeres que sufren violencia machista”.

Así, López ha destacado que “la lucha contra la violencia a las mujeres es un compromiso del Gobierno de España y es un orgullo comprobar como estas iniciativas despiertan el interés de los trabajadores públicos para colaborar en la medida de sus posibilidades”.

Córdoba se convertirá así en una de las primeras provincias, junto a Granada, Cádiz y Valencia, que se incorpora a este objetivo a nivel nacional que quiere conseguir que todas las oficinas del SEPE se adhieran al proyecto Puntos Violeta.

Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres.

Forma parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno de España y supone “un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella”.