El juicio por las muertes en Cerro Muriano marca un curso judicial en Córdoba con la mirada puesta en Adamuz y el asesinato machista de Tulia

Vuelve septiembre y con él, la actividad a los juzgados de Córdoba. Como suele ser habitual, la Ciudad de la Justicia cierra durante el mes de agosto, a excepción del juzgado de guardia para atender de forma inmediata y urgente los asuntos penales o denuncias que se formulen. Sin lugar a dudas, el reinicio de la actividad judicial vendrá marcado por el juicio contra cuatro mandos del Ejército de Tierra acusados de las muertes de dos militares en Cerro Muriano durante unas maniobras en diciembre de 2023. Sin embargo, en la capital cordobesa también se sentarán en el banquillo a partir de otoño los acusados de un asesinato en Las Moreras, una red de narcotráfico internacional y dos policías locales, mientras avanzan grandes investigaciones como la tragedia ferroviaria de Adamuz o el crimen machista de Tulia.

Juicio muertes en Cerro Muriano

El juicio por las muertes del soldado sevillano Carlos León y del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez se celebrará en Madrid y no en Sevilla debido al rango de los mandos militares acusados -el teniente coronel José Luis Zanfaño Hidalgo, el comandante Luis Fernando Velasco Quero, y los capitanes Ignacio Zúñiga Morillas y Jaime Tato Garrido- y a las reglas de competencia de la Justicia Militar. El motivo principal es la condición de aforados de parte de los investigados. Según el Código Penal Militar y la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, cuando los encausados ostentan el grado de jefes (teniente coronel o comandante) o superiores, la instrucción y el enjuiciamiento no corresponden al Tribunal Militar Territorial número 2 (con sede en Sevilla), sino al Tribunal Militar Central, con sede en Madrid.

Por esta razón, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla se inhibió en favor del Juzgado Togado Militar Central de Madrid para que este asumiera la causa. Las sesiones han sido fijadas para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre, y para los días 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 de noviembre, a partir de las 9:30, en horario de mañana y tarde, y, en caso necesario, para todas las sesiones que requiera el desarrollo del procedimiento. El Fiscal Jurídico Militar pide penas de ocho años de prisión para Zúñiga y cinco años de cárcel para Tato, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad al teniente coronel y al comandante. Sin embargo, la acusación particular ejercida por el abogado Luis Romero Santos, en representación de la familia del soldado Carlos León, ha solicitado penas de diez años de prisión para los cuatro oficiales. Además de la privación de libertad, esta acusación reclama la expulsión de la carrera militar, el pago de las costas judiciales y una responsabilidad civil que asciende a una cifra cercana a los 500.000 euros.

En materia de responsabilidad civil, el Fiscal Jurídico Militar exige a ambos capitanes el pago, de forma solidaria, de un total de 422.174,40 euros para los familiares de ambos militares, siendo responsable civil subsidiario el Estado. El juicio contará con la intervención de diez partes con capacidad de interrogatorio, incluyendo tres acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la representación de una compañía aseguradora; y están citados un centenar de testigos.

Jurado popular por la muerte de un hombre en Las Moreras

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha señalado para octubre la celebración del juicio por jurado contra el acusado de acabar con la vida de su cuñado en Las Moreras. Aunque en un principio se ha previsto una sola sesión, existe la posibilidad de que se amplíen los días de juicio. Los hechos se remontan al mediodía del 3 de abril de 2025 en la calle Poeta Luis Rosales. Según el relato del fiscal, la victima se encontró con su cuñada y su hija, iniciándose una discusión por motivos familiares que derivó en un enfrentamiento con la esposa del acusado (su cuñada). Tras un forcejeo y gritos entre ambos, la situación pareció calmarse momentáneamente cuando la mujer de la víctima intervino para separar a los contendientes y llevarse a su marido hacia su domicilio.

Sin embargo, cuando la pareja pasaba por delante del inmueble donde residía el acusado, este salió “sorpresivamente” de su vivienda armado con una navaja de grandes dimensiones, según el relato de los hechos de la Fiscalía. En ese instante, y “sin que la víctima pudiera defenderse, J.M.P. le asestó una puñalada en el tórax que le atravesó el pulmón y el corazón, causándole la muerte instantánea”, sostiene el Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han calificado los hechos como un delito de asesinato. Además de la pena de cárcel, solicitan diez años de libertad vigilada y el pago de indemnizaciones que superan los 195.000 euros para la viuda y unos 38.000 euros para cada uno de sus hijos, entre otras cantidades para la madre y hermanos del fallecido.

Por el contrario, la defensa ha rechazado la calificación de asesinato y sostiene que se trata de un homicidio. Además, defiende que el acusado confesó los hechos ante la Policía Nacional y que actuó bajo una fuerte conmoción psíquica al ver que su mujer había sido agredida previamente por la víctima. Asimismo, alegan que el procesado se encontraba bajo los efectos de una medicación que alteraba sus capacidades y que actuó movido por un “miedo insuperable” y en legítima defensa.

Juicio a la red que introdujo 20 toneladas de hachís ocultas en tomates falsos

También en octubre, esta misma sección juzgará a una veintena de personas que constituían la organización delictiva responsable del alijo de más de 20,5 toneladas de hachís intervenidas entre Córdoba y Málaga, las cuales pretendían enviarse a Francia ocultas en el interior de reproducciones sintéticas de tomates. Hay 19 personas imputadas y la Fiscalía pide más de 150 años prisión para todos así como multas millonarias. Este juicio se celebrará durante los días 6, 7, 8, 9 y el 30 de octubre. El fiscal califica los hechos como constitutivos de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la seguridad vial y atentado contra agentes de la autoridad. Las mayores penas de prisión son para el líder de la red y su pareja, que se enfrentan a 16 años de cárcel cada uno -11 años por el delito de narcotráfico y cinco años por blanqueo de capitales-. Además, se les reclama una multa individual conjunta de 700 millones de euros. Para el resto de imputados, el fiscal solicita penas de prisión de entre cinco y diez años, así como multas de entre 200 y 400 millones de euros.

Juicio a los policías locales que denunciaron falsamente a un joven

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba juzgará en noviembre a los dos policías locales que formularon una denuncia falsa contra un joven, a quien arrestaron de forma violenta. El juicio contra estos agentes estaba fechado para el pasado mes de diciembre, pero fue suspendido porque no se citaron ni a testigos de la defensa y ni al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario en caso de que los agentes sean condenados.

El joven pide 12 y cuatro años de prisión para los dos agentes de Policía Local por los delitos de falsedad, detención ilegal y lesiones. Por su parte, el Ministerio Público solo acusa a un agente, para quien solicita cuatro años y medio de cárcel por el delito de falsedad y otro contra la integridad moral, así como una multa por un delito leve de lesiones. Según el escrito de Fiscalía, que coincide en esencia con lo manifestado por la acusación particular, sobre las 20:30 del 30 de marzo de 2023, el acusado fue requerido junto con su compañero para que se trasladasen a una calle de la capital donde un cochero había estacionado el vehículo en un paso de peatones junto a un puesto de caracoles allí ubicado.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que los hechos eran así e informaron al conductor de que el caballo había defecado en la vía pública, por lo que tenía que retirar los excrementos y retirar el coche de caballos. El conductor, según el Ministerio Público, colaboró en todo momento. En un instante, uno de los policías comenzó a fotografiar al cochero mientras recogía las heces, algo que fue recriminado por el joven que posteriormente fue víctima de una denuncia falsa por parte del agente. Esta reprimenda por parte del joven llevó a que el policía le pidiera su documentación, a lo que no accedió por miedo a una multa. Debido a la situación que se generó, el cochero y la pareja del joven intentaron calmar al agente, aunque sin éxito. Dado que el policía se encontraba cada vez más exaltado, la víctima se asustó y salió corriendo, decidiendo entregarse a la altura de una farmacia. Cuando el policía llegó hasta él, y sin ser agredido en ningún momento y pese la actitud pacífica de la víctima, le hizo una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de la farmacia donde la víctima se golpeó en la cara. Por este punto, la acusación particular aprecia, a diferencia del Ministerio Fiscal, detención ilegal.

Acto seguido, el agente le puso los grilletes por la espalda y, sin que hubiera forcejeo por ningún tipo, le practicó una llave al joven y lo derribó al suelo, golpeándose la víctima de nuevo en la cara, donde lo tuvo aprisionado durante dos minutos hasta que se lo llevaron detenido por dos delitos: desobediencia a la autoridad y lesiones. Las cámaras de seguridad de la farmacia que había en el lugar donde ocurrieron los hechos permitieron al juzgado corroborar que el atestado que instruyó la Policía no concordaba con lo que mostraban las imágenes. Por ello, el juez archivó la causa contra el joven y pidió que se abrieran diligencias contra los policías.

Juicio a un pandillero acusado de intentar matar a un joven

Ya a comienzos de 2027, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá en enero el juicio a un joven acusado de intentar matar a otro al confundirlo con un integrante de una banda rival. Los hechos que se juzgarán y por los que la Fiscalía pide nueve años de prisión se remontan a la noche del 1 de septiembre de 2024. El acusado, junto a su primo, se encontró con la víctima en la avenida Gran Vía Parque. Tras pasar parte de la madrugada bebiendo en un pub de la calle Los Alderetes, el grupo se trasladó a un piso en el Pasaje de Belalcázar para continuar la reunión.

De acuerdo con las conclusiones provisionales del Ministerio Público, la situación se tensó cuando el acusado -defendido por la letrada María del Mar Jiménez Sánchez- se quedó a solas con la víctima. En ese momento, el acusado comenzó a interrogar a la víctima para averiguar si procedía de algún territorio controlado por la Mara 18 o la Mara Salvatrucha -o Mara 13-. El miedo se apoderó de la víctima al observar que el acusado lucía un tatuaje del número 18 en su pierna izquierda, ya que él mismo, había tenido un problema con la Mara 13, lo que tuvo cierta trascendencia mediática en su país. Tras recibir insultos como “mierda seca” -término humillante hacia los miembros de la Mara Salvatrucha-, la víctima intentó abandonar el lugar por miedo a una encerrona. Sin embargo, el acusado le propinó un puñetazo en la boca y, acto seguido, lo abordó por la espalda con una navaja de cachas metálicas.

El fiscal sostiene que el acusado actuó con clara intención de matarlo, dirigiendo una puñalada hacia el costado, a la altura de los riñones. La víctima logró salvar su vida al interponer rápidamente su brazo izquierdo, recibiendo un profundo corte en la muñeca en lugar de en el abdomen. A pesar de estar herido, la víctima consiguió huir por las escaleras mientras el acusado lo perseguía al grito de “Venid tío, venid para acá, venid bicho”. La víctima se desvaneció finalmente en la puerta de su propio piso debido a la pérdida de sangre, donde fue hallado por un vecino dos horas después. Como consecuencia, sufrió graves lesiones en el antebrazo y la muñeca que requirieron cirugía de urgencia y le han dejado cicatrices permanentes.

Además de la petición de nueve años de prisión, una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena (o al acceder al tercer grado), la Fiscalía solicita que el procesado sea expulsado de España. En relación con la indemnización, interesa que el acusado abone a la víctima un total de 7.735 euros por las lesiones sufridas, la intervención quirúrgica y las secuelas físicas resultantes del ataque, además del pago de las costas.

Tragedia ferroviaria de Adamuz

La investigación por el accidente ferroviario de Adamuz también encara la vuelta al curso judicial. La causa, instruida por el Tribunal de Instancia de Montoro, continúa en fase de investigación y mantiene abiertas numerosas diligencias destinadas a determinar qué provocó el descarrilamiento del tren Iryo y el posterior choque contra el Alvia, un siniestro que dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos. El juzgado sigue incorporando documentación y encargando pruebas técnicas antes de poder establecer eventuales responsabilidades.

Uno de los principales focos de la investigación continúa siendo la vía y las circunstancias que provocaron la rotura del carril. La Guardia Civil ha trasladado a la jueza Cristina Pastor Recover una batería de 20 preguntas para que sean respondidas por los peritos judiciales. Los investigadores quieren determinar, entre otras cuestiones, si un defecto geométrico detectado meses antes en el mismo punto pudo favorecer la fractura de la soldadura y si la evolución de las anomalías registradas en las inspecciones de la vía exigía una intervención que finalmente no se produjo. También se analiza el funcionamiento de los sistemas de seguridad y mantenimiento y si alguno de ellos pudo haber detectado con anterioridad la pérdida de continuidad del carril. Los tres peritos independientes designados por el juzgado tienen que analizar y poner en común la documentación procedente de las diferentes investigaciones abiertas -la de la Guardia Civil, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la propia Adif-. Su trabajo se prevé largo y complejo: los técnicos calcularon inicialmente un plazo de unos nueve meses para elaborar su dictamen, con un presupuesto que rondaba los 250.000 euros. El juzgado tuvo que pedirles una nueva propuesta económica al no ser posible la provisión de fondos solicitada inicialmente.

Durante el verano, además, la magistrada autorizó el traslado de distintos fragmentos de la vía a laboratorios especializados para someterlos a las pruebas necesarias. El objetivo es obtener información técnica sobre los materiales y sobre la rotura que permita avanzar en la determinación de las causas del accidente. La propia complejidad de estas pruebas hace prever que sus resultados serán una pieza esencial de la instrucción durante los próximos meses. El juzgado continúa también reclamando documentación a Adif. En julio, la jueza solicitó nuevos expedientes relacionados con las obras de renovación ejecutadas en el tramo donde se produjo el accidente. Al mismo tiempo, autorizó nuevas actuaciones sobre los trenes y una inspección ocular del lugar del siniestro con la presencia de los peritos judiciales, la Fiscalía y la Guardia Civil, con el objetivo de que los especialistas pudieran conocer directamente las características de la vía y del trazado.

Otro de los asuntos que llegó en julio a la mesa de la magistrada fue la petición de los peritos para incorporar a la investigación a un especialista en telecomunicaciones ferroviarias. Los técnicos pretendían estudiar por qué no se advirtió la presencia del Alvia en la zona del accidente al mismo tiempo que se producía el descarrilamiento del Iryo o inmediatamente después. La jueza, sin embargo, ha pedido a los peritos que concreten y justifiquen mejor la necesidad de esta intervención antes de decidir sobre ella.

Asesinato de Tulia, la vecina de la Fuensanta que murió a manos de su exmarido

El asesinato de Tulia, ocurrido el 13 de abril de 2026 en la Fuensanta, afrontará la vuelta al curso judicial todavía en fase de instrucción. Su expareja, investigado por el crimen y en prisión provisional, continúa a la espera de que se terminen las diligencias y se formule escrito de acusación. En mayo, el Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba condenó al investigado a dos años de prisión por la agresión, las amenazas y los daños cometidos contra Tulia el 11 de abril, dos días antes de su asesinato. También en mayo, la investigación dio un paso especialmente relevante al conocerse que Tulia había llamado a la Policía aproximadamente dos horas antes de ser asesinada porque sospechaba que su expareja se encontraba en el piso superior del mismo bloque, incumpliendo la orden de alejamiento. La llamada se produjo a las 6:48 del 13 de abril. Una patrulla acudió al edificio, llamó a la puerta de la vivienda del hombre y, al no obtener respuesta ni escuchar ruidos en el interior, abandonó el lugar después de dar instrucciones a la víctima. Aproximadamente dos horas después se produjo el asesinato. La existencia de esa llamada quedó recogida en un oficio policial remitido al juzgado.

Ante ello, el juzgado autorizó la geolocalización de los dos teléfonos móviles del investigado a petición de la acusación, representada por el letrado José Rafael Palomino. La medida pretende comprobar su ubicación durante el fin de semana anterior al crimen y, especialmente, el mismo 13 de abril, con el objetivo de determinar si estuvo en el lugar de los hechos y reconstruir sus movimientos. Ya en junio, el juzgado tomó declaración a tres personas dentro de la instrucción: una vecina de Tulia, una empleada del hogar y el hijo de la víctima, Alejandro. La declaración de la vecina se realizó como prueba preconstituida, debido a su avanzada edad. Su testimonio sitúa al presunto agresor bajando por las escaleras y atacando a Tulia con un cuchillo en el pecho cuando ambas se encontraban en el portal del edificio. Según relató, tras la agresión el hombre le indicó que llamara a la Policía.

La declaración del hijo de Tulia incorporó, además, un elemento relevante para reconstruir los momentos inmediatamente anteriores al crimen. Según explicó ante la jueza, su madre le llamó aquel día después de comprobar que su expareja se encontraba dentro de su vivienda, utilizando unas llaves y comprobando que la puerta estaba cerrada desde el interior de una forma que, según el hijo, indicaba que el hombre estaba dentro. Después de esa llamada fue cuando Tulia contactó con la Policía.

La tercera declaración practicada en junio fue la de una empleada del hogar que trabajaba para la vecina que presenció parte de los hechos. Según su testimonio, al llegar al edificio se encontró al acusado en una ventana del rellano, aparentemente en actitud de espera, y observó que ocultaba tras la espalda un machete negro con empuñadura verde. Poco después se encontró con la escena del crimen y buscó refugio en la vivienda de la vecina.

Otros casos en investigación

Otros casos que aún continúan en instrucción son el de la maestra de un colegio público de Córdoba investigada por presuntos malos tratos a 18 menores, suspendida de empleo y sueldo desde su arresto; el de la secretaria judicial que transfirió a sus cuentas personales miles de euros procedentes de depósitos, y el de la agresión homófoba a un hombre, entre otros. Con relación a este último caso, el suceso se produjo en noviembre de 2025 y el letrado de la víctima, Javier Vilaplana, solicitó en junio a la Audiencia Provincial de Córdoba la autorización para la geolocalización de los móviles con el objetivo de identificar a los presuntos autores de la agresión. La Audiencia aún no ha respondido al escrito.

Asimismo, sigue en instrucción el apuñalamiento de un joven a un conductor de Aucorsa. Recientemente, y tras nueve meses en la cárcel, la Audiencia ha decretado la libertad provisional del detenido después de que un informe forense haya constatado que no padece ningún trastorno mental ni presenta afectación permanente en sus capacidades intelectivas o volitivas. De hecho, los peritos lo describen como una persona con un perfil social y personal “globalmente adaptado”, sin antecedentes violentos previos. Según los evaluadores, la agresión respondió a una reacción ante un “estresor emocional intenso” derivado de una situación de duelo reciente tras el fallecimiento de su hermano. El joven está procesado por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa, lo que abre la puerta a que el Ministerio Fiscal y las acusaciones puedan solicitar penas de prisión superiores a los nueve años.

También en fase de investigación se encuentra la operación Fenicio-Diávolo 24 relativa a un grupo dedicado al blanqueo de dinero mediante la compraventa de oro y otros metales preciosos. El procedimiento, instruido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, investiga a una presunta red criminal que habría utilizado la compraventa de metales preciosos para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. El pasado mes de abril, el juzgado rechazó trasladar la causa a la Audiencia Nacional, como habían solicitado varias defensas. El juez consideró que Córdoba era el “centro de gravedad” de la organización, tanto por la residencia de la mayoría de los investigados como por la ubicación de las empresas presuntamente utilizadas y por el desarrollo de las principales actuaciones de la investigación.

Esta causa arrancó en abril de 2024 y salió a la luz en junio de 2025, con una operación que dejó 19 detenidos, siete de ellos en prisión provisional inicialmente, además de seis personas investigadas y ocho empresas. Actualmente hay 25 personas y nueve empresas investigadas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la red podía llegar a blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compra de oro y plata de procedencia ilícita y su posterior introducción en el circuito legal. En los registros practicados en junio de 2025 se intervinieron más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro y 15,2 kilos de plata, además de joyas, vehículos, material informático y armas.