La Fiscalía alerta del colapso de los puntos de encuentro, que acumulan meses de espera para las visitas entre menores y sus familias

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de la provincia de Córdoba acumulan meses de espera para poder llevar a cabo las visitas entre menores e hijos acordadas en sentencias. Esta es la realidad que ha puesto de manifiesto la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2025 tras hacer suyas las manifestaciones realizadas por el ministerio público cordobés.

Actualmente, la provincia cuenta con cuatro PEFs ubicados en Córdoba capital, Lucena, Posadas y Pozoblanco. Se trata de un servicio gratuito de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que tiene por objetivo servir de espacio neutral para garantizar el derecho de los y las menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar.

Este recurso interviene cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o se desenvuelven en un ambiente de alta conflictividad, con el fin de cumplir con el régimen de visitas acordado y establecido por resolución judicial, prevaleciendo siempre el interés superior del menor. Entre las modalidades que se llevan a cabo en estos puntos se encuentran la entrega y recogida, las visitas tuteladas, las visitas no tuteladas y los acompañamientos.

Según advierte el Ministerio Público, la sobrecarga del Punto de Encuentro Familiar en la provincia cordobesa está generando abultadas listas de espera. Esta falta de capacidad operativa impide, por tanto, aplicar de forma inmediata los regímenes de estancia y régimen de visitas acordados por los tribunales, demorando el inicio de las reuniones tuteladas hasta varios meses después de que los juzgados hayan dictado la correspondiente resolución.

Este escenario de colapso en los Puntos de Encuentro Familiar contrasta con la evolución experimentada por la Oficina de Atención a las Víctimas (OAV) de Córdoba, tal y como ha reflejado la Fiscalía General del Estado en su memoria. En su documento, el Ministerio Público ha situado este servicio cordobés como un modelo de referencia autonómico e itinerante gracias a una estructura dividida en dos equipos de trabajo (el de Córdoba capital y el equipo Itinerante), integrados cada uno por juristas, psicólogas y trabajadoras sociales. Esta labor itinerante permite desplazar la asistencia directa a los municipios de la provincia, evitando desplazamientos de riesgo y mejorando la accesibilidad y seguridad de las personas usuarias.