Suspendido el juicio a dos policías por denuncia falsa contra un joven que fue detenido con violencia

La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba ha suspendido el juicio previsto para este miércoles contra dos policías locales acusados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) por falsedad, detención ilegal y lesiones, pidiendo 12 y cuatro años de prisión. Por su parte, el Ministerio Público solo acusa a un agente, para quien solicita cuatro años y medio de cárcel por el delito de falsedad y otro contra la integridad moral, así como una multa por un delito leve de lesiones.

Según explicó el abogado de la acusación particular, Francisco Miguel Fernández Caparrós, la nulidad se ha declarado porque no se habían practicado varias diligencias de prueba solicitadas por la defensa, entre ellas, la citación de dos agentes de Policía que participaron en la elaboración del atestado y que instruyeron uno de los expedientes. Aunque su comparecencia había sido acordada como prueba, el Juzgado nunca liberó la diligencia de citación, por lo que no figuraban como testigos.

Además, tampoco se había citado al Ayuntamiento de Córdoba pese a que la acusación particular pidió su inclusión como responsable civil subsidiario, en caso de que alguno de los agentes resulte condenado y no pueda hacer frente a las indemnizaciones reclamadas. La ley exige que el Ayuntamiento sea notificado para decidir si desea personarse y presentar escrito de defensa, algo que tampoco ocurrió.

Además de las penas de prisión, la acusación particular solicita 12.280 euros en concepto de responsabilidad civil y otros 12.000 euros por daños morales. Junto a ello, pide 23 años de inhabilitación para el agente que agredió al joven y ocho, para su compañero. En el caso de la Fiscalía, reclama tres años de inhabilitación y una multa de 720 euros.

Así ocurrieron los hechos, según el escrito de Fiscalía y la acusación particular

Según el escrito de Fiscalía, que coincide en esencia con lo manifestado por la acusación particular, sobre las 20:30 del 30 de marzo de 2023, el acusado fue requerido junto con su compañero para que se trasladasen a la calle Periodista Eduardo Varo de la capital donde un cochero había estacionado el vehículo en un paso de peatones junto a un puesto de caracoles allí ubicado.

Una vez en el lugar, los agentes pudieron comprobar que los hechos eran así e informaron al conductor que el caballo había defecado en la vía pública, con lo que tenía que retirar los excrementos y proceder a la retirada del coche de caballos. El conductor, según el Ministerio Público, colaboró en todo momento. En un instante, el policía procesado comenzó a realizar fotografías al cochero mientras recogía las heces, algo que fue recriminado por el joven que posteriormente fue víctima de una denuncia falsa por parte del agente.

Sin embargo, esto llevó a que el acusado le pidiera al joven su documentación, que no se la dio por miedo a que le multaran. Debido a la situación que se generó, el cochero y la pareja del joven intentaron calmar al agente, aunque sin éxito. Dado que el policía se encontraba cada vez más exaltado, la víctima se asustó y salió corriendo, decidiendo entregarse a la altura de una farmacia ubicada en la calle periodista José Luis de Córdoba. Cuando el policía llegó hasta él, y sin ser agredido en ningún momento y a pesar de la actitud pacífica de la víctima, le hizo una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de la farmacia donde la víctima se golpeó en la cara. Por este punto, la acusación particular aprecia, a diferencia del Ministerio Fiscal, detención ilegal.

Acto seguido, el agente le puso los grilletes por la espalda y, sin que hubiera forcejeo por ningún tipo, le practicó una llave al joven y lo derribó al suelo, golpeándose la víctima de nuevo en la cara, donde lo tuvo aprisionado durante dos minutos hasta que se lo llevaron detenido.