El joven víctima de una presunta denuncia falsa de la Policía: “Menos mal que había cámaras de seguridad”

El joven O. M. respira levemente tranquilo dos años después de una detención que le ocasionó la apertura de un atestado policial y un posterior juicio al ser acusado por dos agentes de desobediencia a la autoridad y lesiones. Las cámaras de seguridad de la farmacia, lugar de los hechos, permitieron al Juzgado corroborar que el atestado que instruyó la Policía no concordaba con lo que se había grabado. Instrucción número 2 archivó la causa contra el joven y la Audiencia Provincial sienta ahora a los dos agentes en el banquillo de los acusados.

Cuando ocurrieron los hechos, la víctima tan solo tenía 21 años. Aquel día del 30 de marzo de 2023, recriminó a un policía local que grabara cómo un cochero recogía los excrementos de su animal tras el requerimiento formulado por el agente. En ese instante, el policía le pidió la documentación. La víctima salió corriendo por miedo a que le multara, pero reculó. Cuando él y el agente llegaron al punto donde se encontraban las cámaras de vigilancia de la farmacia, se produjo la agresión y la detención.

Tal y como aparece en la calificación de la Fiscalía, estos hechos se convirtieron en el siguiente atestado que formuló la Policía: “El agente emprende la persecución a pie del ahora detenido donde comunica a través de las transmisiones para que se acercaran más patrullas y proceder a la localización y detención del señor, siendo localizado en la calle Periodista José Luis de Córdoba. Al ser interceptado y proceder a su detención es cuando lanzó una patada al agente, impactándole en la rodilla derecha. Que realiza una resistencia grave a la detención y le causa las lesiones que se detalla en el parte de asistencia”. Instrucción 2 archivó el caso porque esto no es lo que se ve en las cámaras de seguridad de la farmacia. De hecho, la Fiscalía apunta que “en ningún momento”, la víctima “propinó patada alguna al acusado y, mucho menos, se resistió a la detención”.

Cuando los hechos ocurrieron, la víctima no sabía que la farmacia tenía “cámaras de seguridad”, asegura. Fue su madre quien se dio cuenta de ella y habló con la propietaria del establecimiento. Todos, además, se conocen del barrio. La farmacéutica decidió guardar las grabaciones de las cámaras que fueron clave para el archivo de la causa contra el joven y la apertura de otra contra los dos policías locales, aunque la Fiscalía solo pide responsabilidad penal para uno de ellos.

“Menos mal que estaban las cámaras de seguridad. Si no, habría sido condenado”, afirma el joven, para quien se pedían, como mínimo, cuatro años de prisión. La absolución ha repercutido, además, en su puesto de trabajo. Cuenta que es educador social y que con una sentencia condenatoria no habría podido, por ejemplo, “trabajar en mi profesor ni en la cárcel, como lo he estado haciendo”.

Según la acusación particular, ambos policías siguen ejerciendo y, aunque el Ayuntamiento de Córdoba abrió un expediente disciplinario, lo paralizó a la espera de sentencia firme. Este periódico ha formulado varias preguntas al gabinete de prensa del Ayuntamiento, pero ha declinado hacer declaraciones alegando que se trata de “informaciones reservadas”.

Tras la suspensión del juicio por fallos procesales, la Audiencia Provincial tendrá que agendar de nuevo la celebración del juicio que, según estimaciones de la acusación particular, podría tener lugar en primavera.