Un juzgado cordobés rechaza enviar a la Audiencia Nacional el juicio a la red que blanqueaba hasta 400.000 euros al día

El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha dictado un auto en el que desestima la petición de inhibirse a favor de la Audiencia Nacional en la denominada operación Fenicio-Diávolo 24. Esta macrocausa investiga una sofisticada red criminal que, según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tenía capacidad para blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compraventa de metales preciosos.

A pesar de que las defensas de varios investigados solicitaron que el caso pasara a la Audiencia Nacional por su supuesta complejidad y extensión nacional, el magistrado cordobés ha rechazado tal pretensión. El auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, fundamenta que la competencia debe recaer en Córdoba porque allí se encuentra el “centro de gravedad” de este grupo criminal.

En esa línea, el juez subraya que en la capital cordobesa es donde reside la mayoría de los investigados, donde se ubican las sedes de las presuntas empresas pantalla y donde se han desarrollado las actuaciones nucleares de la instrucción. Además, señala que el proceso se encuentra en un estado avanzado tras más de un año de investigación, por lo que un traslado ahora causaría un perjuicio a la agilidad de la justicia.

El inicio de la investigación comenzó en abril de 2024, cuando se averiguó que varias empresas de la provincia recibían a diario grandes cantidades de dinero en efectivo de contenido ilícito para que dichas entidades la introdujeran en el circuito financiera legal. Según la investigación que desarrolló la UCO, el modus operandi de la red consistía en recoger el dinero -procedente del tráfico de drogas, extorsiones, amenazas y delitos contra las personas- en garajes y oficinas de Córdoba para comprar oro y plata de origen ilícito en joyerías y fundiciones, a menudo sin registrar las transacciones o superando los límites legales de pago en efectivo.

Posteriormente, empresas cordobesas dedicadas al análisis y certificación de metales “legitimaban” el oro, permitiendo su bancarización. Una vez el dinero estaba en el sistema, se movía a través de sociedades pantalla, que carecían de infraestructura real. Después, el dinero blanqueado era transferido a las cuentas bancarias del verdadero propietario del efectivo y que pertenecían a empresas de China.

Actualmente, en la causa hay investigadas un total de 25 personas y nueve empresas. La operación arrojó un total de 20 registros practicados en cinco provincias españolas: 11 en Córdoba, dos en Zamora, dos en Salamanca, dos en Sevilla y tres en Madrid. También se realizó una inspección fiscal en una fundidora de metales preciosos en Paracuellos del Jarama, Madrid.

Durante los registros se intervinieron una cantidad significativa de bienes y activos: más de 615.000 euros en efectivo, 12,5 kilogramos de oro, valorados en aproximadamente 1.150.000 euros; 15,2 kilogramos de plata, valorados en 15.200 euros; un gran número de joyas de origen desconocido, ocho contadoras de dinero en efectivo, numeroso material informático y electrónico, dos pistolas, cuatro cargadores de armas de fuego y diversa munición. Además, se incautaron ocho vehículos, dos de ellos con sistemas de ocultación de doble fondo, y abundante documentación.