La Audiencia de Córdoba adelanta a principios de octubre el juicio a la red que introdujo 20 toneladas de hachís ocultas en tomates falsos

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba sentará en el banquillo a cerca de una veintena de acusados vinculados a la organización delictiva responsable del alijo de más de 20,5 toneladas de hachís intervenidas entre Córdoba y Málaga, las cuales pretendían enviarse a Francia ocultas en el interior de reproducciones sintéticas de tomates. Hay 19 personas imputadas y la Fiscalía pide más de 150 años prisión para todos así como multas millonarias.

En un primer momento, la Audiencia fijó la celebración de este juicio entre el 19 y el 23 de octubre. Sin embargo, ha tenido que modificar el cronograma debido a un problema de incompatibilidad con la agenda de un letrado -al coincidir con un procedimiento preferente ante el Tribunal del Jurado-. Por tanto, el juicio se ha adelantado a los días 6, 7, 8 y 9, celebrándose la última sesión el 30 de octubre.

Las investigaciones judiciales se remontan a mayo de 2020, cuando el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Córdoba localizó las naves de operaciones de la banda. A lo largo del operativo, las fuerzas de seguridad lograron incautar un peso neto total de 20.543.003 gramos (más de 20,5 toneladas) de hachís. Entre las mayores incautaciones destaca el registro de un camión en el Polígono Industrial Las Viñas de Mollina (Málaga), donde se encontraron 18,5 toneladas netas de hachís ocultas bajo un cargamento simulado de tomates. Según estimaciones de la Dirección General de la Policía, el valor total de la sustancia intervenida en el mercado ilícito asciende a 138.931.831 euros.

La Fiscalía señala como líderes de la trama a A.G.P., alias Rambito, y a su pareja. Bajo su mando, la red operaba con una estructura piramidal que controlaba naves industriales en Palma del Río y Mollina, sirviéndose de una flota de camiones para distribuir la droga hacia Europa, principalmente a Francia. Para ocultar los inmensos beneficios del narcotráfico, los líderes constituyeron dos empresas fantasmas. Tras analizar sus cuentas, la investigación reveló un patrimonio injustificado y desvíos de dinero en efectivo de origen ilícito que superan con creces los ingresos declarados de las firmas.

El fiscal califica los hechos como constitutivos de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la seguridad vial y atentado contra agentes de la autoridad. Las mayores penas de prisión son para Rambito y su pareja, que se enfrentan a 16 años de cárcel cada uno -11 años por el delito de narcotráfico y cinco años por blanqueo de capitales-. Además, se les reclama una multa individual conjunta de 700 millones de euros. Para el resto de imputados, el fiscal solicita penas de prisión de entre cinco y diez años, así como multas de entre 200 y 400 millones de euros.

Mención aparte merece el caso de uno de los procesados, quien protagonizó una espectacular fuga de 40 kilómetros por carreteras de Sevilla a bordo de un coche cargado con 288 kilos de hachís, llegando a embestir un vehículo oficial y lesionar a dos agentes de la Guardia Civil. Además de los siete años de prisión por el tráfico de drogas, el fiscal exige para él penas adicionales que suman siete años y 11 meses de cárcel por conducción temeraria, conducir sin puntos en el carnet, falsedad en documento oficial y atentado contra los agentes de la autoridad, así como diversas multas y compensaciones económicas a los dos guardias lesionados.