Piden al juez autorizar la geolocalización de los móviles para identificar a los presuntos autores de una agresión homófoba

La representación legal del hombre al que fracturaron la mandíbula de un puñetazo en una agresión homófoba en noviembre de 2025 en las cercanías del Vial Norte ha solicitado al juez que autorice la geolocalización de los teléfonos móviles que había en la zona donde sucedieron los hechos a la hora de los mismos, con el fin de poder identificar a los presuntos autores.

Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre de 2025 en la confluencia de la avenida Cruz de Juárez con el Vial Norte y fueron relatados por el hombre a su llegada al hospital, en cuyo parte figura que se encontraba volviendo a su casa por la noche ese día y se cruzó con un grupo de chavales que empezaron a increparle con comentarios homófobos, a los que él respondió y, uno de los jóvenes le dio un puñetazo en la mandíbula. El parte médico -al que tuvo acceso este medio-, señalaba en el apartado de lesiones una fractura mandibular.

La víctima, tras estar ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y ser intervenida quirúrgicamente, formalizó una denuncia ante la Policía Nacional que, con su relato de los hechos, abrió una investigación por los hechos, dando traslado al juzgado. Fuentes del caso relatan a este periódico cómo la Policía Judicial solicitó al juez acceder a la geolocalización de los teléfonos móviles en la zona y la hora de la agresión, con el fin de poder identificar a los presuntos agresores que habían sido captados por algunas cámaras del lugar, pero la petición fue rechazada inicialmente y el caso sobreseído provisionalmente.

Tras conocer esto la representación de la víctima y presentar un escrito de alegaciones solicitando que se le diera traslado de las actuaciones y se accediera a la geolocalización de los móviles, dicho recurso fue desestimado en un auto del juzgado de Instrucción plaza número 4 de Córdoba, al que se ha presentado ahora un recurso de apelación ahora ante la Audiencia Provincial. En este último recurso se insiste en solicitar como medida de investigación la autorización a la Policía Judicial para el geoposicionamiento de los teléfonos móviles en la zona y a la hora de los hechos denunciados, con el fin de poder identificar los móviles que utilizaran -y con ello a sus dueños- los presuntos agresores.

“Identificación de los autores del execrable delito de odio”

En el recurso -al que ha tenido acceso este periódico-, se argumenta que la medida se podría llevar a cabo “reduciendo y acotando el ámbito espacial, el radio de afección y los demás elementos de acceso a la información de las personas que pudieran haberse conectado con las estaciones BTS” de la zona, de manera que así “se pueda dar respuesta conjunta y armónica tanto a la búsqueda e identificación de los autores del execrable delito de odio que aquí nos ocupa, cuanto al respecto de los derechos fundamentales que pudieran, en su caso, verse afectados”.

E insiste en que “en el caso que nos ocupa, se puede intentar al menos y en aras de averiguar lo relativo a la comisión del delito, acompasar lo solicitado por la policía judicial al respeto de la normativa y jurisprudencia”.

En ese sentido, sostiene que la medida solicitada para la investigación policial podría acordarse y sumarse a la denuncia de los hechos y su corroboración objetiva y periférica con el parte médico o las grabaciones de las cámaras de la zona donde ocurrieron los hechos y la posterior huida de los presuntos autores.

La representación legal de la víctima cree que proporcionar la geolocalización de los móviles sería “una medida legítima (...) que resulta idónea, necesaria y proporcional, dirigida a la averiguación y descubrimiento de los autores de un delito grave con importantes secuelas” para el hombre agredido “e incluso, para el resto de la sociedad por lo censurable y odioso de la conducta denunciada”.

Este recurso de apelación se interpone tras el auto que desestimaba un primer recurso de reforma sobre la petición de autorizar el geoposicionamiento de los teléfonos móviles, amparándose en distinta jurisprudencia que así lo avala con sentencias de los últimos años, sostiene la representación de la víctima.