El juez cita a declarar al concejal David Dorado el 17 de mayo por el caso Infraestructuras

11 días antes de que se abran las urnas, el concejal del Ayuntamiento David Dorado está citado a declarar ante el juez José Luis Rodríguez Lainz, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba. Dorado responderá a las preguntas del magistrado tras ser detenido en el mes de diciembre de 2022 en el llamado caso Infraestructuras, una investigación policial sobre una presunta trama de amaños de contratos públicos en el Ayuntamiento de Córdoba. Dorado es actualmente concejal no adscrito y no forma parte del gobierno municipal, pero la acusación que pesa sobre él es correspondiente a su etapa como concejal delegado de Infraestructuras.

Dorado lleva, por tanto, seis meses en una anómala situación procesal. Fue detenido en la Comisaría de Campo Madre de Dios por la Policía Nacional, pero todavía no ha prestado declaración en sede judicial. Ante los agentes se acogió a su derecho a no declarar. El juez lo citó en marzo, pero la huelga de letrados judiciales obligó a suspender la declaración prevista. Ahora, una vez resuelta la huelga, el juez retoma la declaración de Dorado y lo cita el próximo 17 de mayo a las 10:30.

Además de Dorado, el juez también ha citado a la excoordinadora de Infraestructuras, María Luisa Bueno, ese mismo día a las 10:00 de la mañana. La jornada arrancará a las 9:30 con la citación al funcionario responsable del departamento de mantenimiento de edificios públicos y colegios, el principal investigado en esta causa y al que la Policía Nacional considera el supuesto cerebro de la trama. Después, están citados otros tres empresarios más, que fueron arrestados también en diciembre. La huelga sí que permitió que en marzo declarasen ante el juez el resto de empresarios detenidos por la Policía Nacional en la que ellos han bautizado como operación Caronte.

Este caso saltó a la esfera pública cuando en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

Al conocerse esto, el gobierno municipal descartó cualquier implicación pero, no obstante, a finales de abril de 2021 ordenó abrir un expediente de información reservada sobre los contratos de Infraestructuras que habían provocado las sospechas y acusaciones de IU. A las pocas semanas, el 12 de mayo, IU y Podemos llevaban formalmente ante la Fiscalía los contratos señalados y solicitaban que investigara tres presuntos delitos en ellos.