La Fiscalía investiga por malversación y prevaricación el caso del joven que cobró del Ayuntamiento de Pozoblanco sin trabajar

La Fiscalía de Córdoba ha incoado diligencias para investigar el caso del joven que durante cinco meses y nueve días cobró un sueldo del Ayuntamiento de Pozoblanco sin trabajar. El Ministerio Público acuerda así investigar los hechos que podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación. El joven en cuestión es hijo de la secretaria personal del alcalde del municipio, Santiago Cabello.

Según la documentación a la que ha accedido este medio, en su escrito, la Fiscalía hace una correlación de los hechos que sustentan la denuncia formulada posteriormente por el PSOE. Una vez que el caso fue adelantado por Cordópolis y Hoy al día, Cabello anunció “investigaciones internas” que acabaron en la redacción de un informe por parte del secretario accidental del Ayuntamiento que dejó constar las irregularidades del expediente o, en palabras del regidor, una “cadena de incidencias”.

En primer lugar, el 15 de diciembre de 2022, el Servicio Andaluz de Empleo del municipio propuso para participar en el procedimiento de selección al joven en cuestión y a otra chica que fue la que finalmente sí trabajó y cobró del Consistorio. El 16 de diciembre de 2022, la mesa de contratación el Ayuntamiento acordó atribuir al primero 4,23 puntos y a la segunda, 2,18 puntos, publicándose el resultado en la página web del Ayuntamiento el 19 de diciembre. Pese a ello, el 23 de diciembre de 2022 se emitió un informe-propuesta de la concejala de Recursos Humanos, poniendo de manifiesto que el joven no cumplía con los requisitos para ser contratado, ya que presentaba una concatenación de contratos.

A razón a ese informe, el 1 de febrero de 2023 se emitió un decreto de Alcaldía en el que se resolvió ordenar el nombramiento y contratación de la chica en la categoría de integrador social, con fecha de alta y baja del 23 de diciembre de 2022 al 22 de junio de 2023.

Sin embargo, en un expediente relativo a contratos de diciembre de 2022 realizados en el Consistorio aparece, además del contrato suscrito para el nombramiento de la chica -sin firma de ella ni del alcalde, pero sí de la concejala de Personal-, otro contrato supuestamente suscrito para el nombramiento del hijo de la secretaria del alcalde, sin firma tampoco del joven ni del alcalde, pero sí de la concejala de Personal. Queda constancia de que este último contrato se confeccionó sin un decreto previo de Alcaldía que autorizara su firma.

El 3 de febrero de 2023, el joven presentó un escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento de Pozoblanco dirigido al departamento de Recursos Humanos. En él ponía en conocimiento que, tras ser elegido para acceder al contrato de integrador social, había comprobado que está recibiendo ingresos del Consistorio sin trabajar. Además, ponía en conocimiento que había otra persona en el puesto. Ante ello, solicitó al Ayuntamiento que subsanara el error para reincorporarse a su trabajo, pidiendo también que se le facilitara el contrato y toda la documentación relativa al proceso de selección.

Ante ello, el 17 de febrero de 2023, el alcalde solicitó una nueva mesa de contratación, la cual, el 22 de ese mes, revolvió proponiendo nuevamente al joven para el puesto y el 14 de marzo se puso a la firma del alcalde el decreto por el que se ordenaba el nombramiento para su contratación.

Así las cosas, desde el departamento de Recursos Humanos se procedió a tramitar las altas de estas dos personas en la Tesorería General de la Seguridad Social, habiendo estado los dos dados de alta con el Ayuntamiento de Pozoblanco desde el 23 de diciembre de 2022 hasta el 22 de junio de 2023. La diferencia entre los dos jóvenes es que a él se le abonó las nóminas relativas a ese periodo sin ir a trabajar.

Pese a que el joven estuvo cobrando, nunca más lo comunicó al Ayuntamiento. Cinco días después de que este caso saltara a los medios de comunicación, el chico denunció al Consistorio por una supuesta vulneración de derechos fundalmentales; una causa que dirimirá en los juzgados el próximo 8 de julio.

Por todo ello, la Fiscalía ha incoado diligencias, ya que los hechos podrían ser constitutivos de dos delitos de prevaricación administrativa y malversación. En su escrito, el Ministerio Público ha incoado al Ayuntamiento del municipio a que, por la Secretaría General, se emita un informe acerca de la legalidad del proceso de selección y contratación para el puesto de integrador social, al que concurrieron los dos jóvenes, ambos cobraron, pero el chico lo hizo sin trabajar.

Mientras que esto sucede en los tribunales, el Ayuntamiento continúa con una comisión de investigación que fue aprobada en enero y cuyo plazo fue ampliado en dos meses más la semana pasada. En las filas del PP de Pozoblanco, el edil Gerardo Arévalo -que denunció los hechos internamente y pidió al alcalde que los solucionara- fue cesado de sus competencias y, después, expulsado del grupo municipal acusado de tener “ambiciones políticas personales”. Actualmente es concejal no adscrito en el Consistorio pozoalbense.