Tres familias se enfrentan a un juicio por ocupar las naves de Baldomero Moreno

Entrar en la antigua fábrica de Salsas Musa, en Chinales, es acceder a un lugar donde no hay nada. Las cabinas que acompañan a la puerta de entrada están repletas de escombros. Por todo el terreno donde se levantaba una de las empresas de Baldomero Moreno Espino se extienden restos de lo que queda de la fábrica que cerró en 2015. Arbustos, hierbas, olivos centenarios y muros a medio derribar completan el paisaje.

A pesar de este abandono generalizado, sólo hay una nave que no presenta riesgo de derrumbe y que varias familias gitanas rumanas han convertido en su hogar desde hace cinco meses. Sin embargo, el próximo 2 de junio se enfrentarán a un juicio por delito de usurpación dada la denuncia interpuesta por Baldomero Moreno hijo. Tal y como explican desde la asociación cordobesa para la reinserción social de gitanas rumanas, Acisgru, “la base de la acusación radica en que están perturbando la posesión de las naves. Sin embargo, todo esto estaba en ruinas antes de que ellos llegaran”.

En esta nave viven actualmente tres familias con sus siete hijos menores. Mario es uno de ellos. Tiene dos años y medio. Desde que nació ha pasado por varios asentamientos junto a su familia, lugares de los que siempre los han echado. Tiene muy poco. Un lugar donde guarecerse del frío y el calor, comida que sus familias consiguen gracias a la chatarra y al cartón y una bicicleta a la que apenas llega a los pedales. Pero no para de reír. Corre detrás del fotógrafo, animándolo a que se una a su juego. “Le encantan las fotos”, dice su madre, Xena, quien no le quita ojo ni aún cuando relata los hechos a los que se enfrentará el próximo  de junio. “¡Aguardé!”, le espeta al pequeño, que se mete entre los matorrales para jugar.

Xena explica que cuando ellos llegaron “todo estaba así” y que sólo limpiaron la nave en la que ahora viven. Acostumbrados a vivir en chabolas, la nave de Baldomero Moreno les parece un “paraíso porque tienen un techo y en invierno no se mojan y en verano no pasan tanto calor”, explican desde Acisgru. Si la sentencia no resulta favorable para las familias, estarían obligadas a desalojar la nave y tendrían que pagar una multa. En caso de incumplimiento del abono de la multa, pasarían a la cárcel por usar este espacio.

Unos metros al lado de esta antigua fábrica, en la calle Sor Ángela de la Cruz, viven otras 29 personas de origen gitano rumano que también se enfrentarán a un juicio de las mismas características el próximo 27 de junio. En este caso, el propietario de esta nave es Cajasur y los hechos que se le imputan a estas familias son de la misma índole que los de la nave de Baldomero Moreno.

Todas las familias de la nave de Sor Ángela de la Cruz venían también de los asentamientos de Chinales. Cuando los echaron de allí, pasaron a ocupar esta nave que se encontraba vacía. “No hacemos nada malo. Vivimos como podemos, de la chatarra o pidiendo, y si vemos que una nave está cerrada no hacemos nada. Buscamos otra que esté vacía”, cuenta una de las mujeres. Aunque hay varios núcleos familiares, todos forman parte de una misma familia. Para una mejor convivencia, han repartido la nave en diferentes espacios para que cada familia tenga su lugar donde vivir y colocar la chatarra que consiguen en contenedores y vertederos.

Dentro de esta nave está también el coche de Pepe, un cordobés que ayuda a estas familias en su día a día, ya sea trayéndoles agua o lo que necesiten. Pepe no tiene una economía boyante, pero reconoce que “ayudar a estas familias” es lo que le hace feliz. “Hay que recordarle a la ciudadanía que estas personas son europeas y libremente pueden circular por Europa. Como mínimo se les debería dar un lugar con agua y luz y que ellos pagarían con lo poco que ganan. Estas familias viven de la caridad y la basura, eso es así, pero claro que están dispuestos. ¿A alguien le gusta vivir así?”, apunta.

En unos días, las familias de ambas naves se enfrentarán a dos juicios que “previsiblemente perderán”, auguran desde Acisgru. La asociación señala que aunque “hay sentencias favorables en otras audiencias como en Barcelona o Zaragoza”, la jurisprudencia de Córdoba no recoge ninguna resolución de este tipo. En el caso de que no sean desalojados, la asociación ya está barajando algunos proyectos para hacer un poco más digna la vida de estas personas.