Piden dos años de cárcel por construir un picadero y una plaza de toros sin permiso

El acusado hizo obras entre 2008 y 2009 en una zona de servidumbre del arroyo Salado en Priego de Córdoba

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita una pena de dos años de cárcel y una multa de 100 al día por cada año privado de libertad (más de 73.000 euros) para R. G. S., un vecino de Priego de Córdoba, al que acusa de haber construido entre 2008 y 2009 un picadero y una plaza de toros en un suelo de especial protección. R. G. S. se sentará el próximo miércoles en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 3 de la Audiencia Provincial de Córdoba, acusado de ser el autor de un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Según la calificación de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este periódico, entre 2008 y 2009 el acusado, a través de su empresa de construcción, promovió obras junto al arroyo Salado de Priego de Córdoba, en un lugar declarado de especial protección del medio natural. Según la Fiscalía, las obras se desarrollaron en una zona “muy próxima” al río, en la zona de servidumbre y dominio hidráulico (que por ley pertenece al Estado).

Las obras, además de una pequeña urbanización, consistieron en la construcción de un picado de mampostería y en la instalación de una plaza de toros portátil. Los trabajos, que fueron precintados, se localizaron en la zona de servidumbre del río Salado, agrega la Fiscalía.

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba tramitó el correspondiente expediente de restitución de la legalidad, según agrega la Fiscalía, que de manera paralela inició su actuación al considerar los hechos como un delito contra la ordenación del patrimonio. En 2012, además, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía tramitó otro expediente en el que consideró que el lugar en el que se desarrollaron las obras es un entorno protegido, en el que está taxativamente prohibido construir. “El proyecto presentado es inviable y ni siquiera está suscrito por un técnico”, respondió la Junta cuando el propietario trató de reconducir la situación.

Por todo ello, la Fiscalía solicita una pena de dos años de cárcel y una multa de 100 euros al día en concepto de indemnización por hacer las obras careciendo de permiso alguno.