La Junta no ha comunicado hasta hoy que impugna Colecor

La Consejería manda el anuncio a la Gerencia de Urbanismo de que va a llevar a los tribunales el plan especial y pide su suspensión cautelar

Esta mañana, el Ayuntamiento de Córdoba ha conocido ya de manera oficial y más allá de una llamada de teléfono o una nota de prensa el anuncio de la Junta de Andalucía de que va a impugnar el Plan Especial de la carretera de Palma del Río que acoge la siempre polémicas naves de Colecor.

En concreto, al servicio jurídico de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha llegado una comunicación oficial desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la que se anuncia que se va a impugnar el plan y se solicita su “suspensión cautelar”, según ha asegurado esta mañana el presidente de la Gerencia, Luis Martín. Sin embargo, en este anuncio aún no aparecen los razonamientos jurídicos que motivan la decisión de la Junta que ha sido una auténtica bomba en la línea de flotación del PSOE cordobés, cuyos cuatro concejales en el Pleno votaron a favor de este polémico plan especial.

Así que a día de hoy los argumentos jurídicos siguen siendo los anunciados por la Junta de Andalucía en la nota de prensa enviada por la Consejería que dirige el socialista cordobés Luis Planas el pasado martes.

La Junta fundamenta su demanda en dos razones básicas. Por un lado, el Plan Especial de protección de la Carretera de Palma del Río introduce un nuevo uso, “industrias y almacenaje incompatibles con el suelo urbano”, que no está permitido por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Córdoba para el ámbito donde se ubicaron las industrias históricas, calificado como suelo no urbanizable de especial protección de la Vega del Guadalquivir. Por otro, dicho Plan establece un nivel de ocupación muy superior al que disponían las edificaciones históricas ubicadas en esta zona, que resulta no justificado en relación con la protección de la Vega, argumenta el departamento que dirige el cordobés Luis Planas.

La Junta considera que el Plan Especial se ha excedido en las facultades que le otorga la legislación urbanística para la regulación de los usos prohibidos y permitidos por el Plan General, debiendo limitarse a “precisar y complementar” sus determinaciones. En este sentido se expresó la propia sentencia recaída sobre el Plan Especial anteriormente anulado, que señala que éste no puede contradecir ni desconocer las prohibiciones de uso que establece el PGOU, y que la asignación de usos debe estar motivada y justificada, conforme a los criterios señalados en el PGOU, a las necesidades y características del terreno, y a la realidad física y natural presente.