El Defensor urge al Ayuntamiento de Córdoba a empadronar a todas las personas que llevan más de tres meses esperando

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, liderada por Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, ha emitido una resolución dirigida al Ayuntamiento de Córdoba en la que insta a empadronar automáticamente por “silencio administrativo” a todas las personas cuyas solicitudes llevan más de tres meses sin respuesta. La institución advierte que esta práctica legal debería aplicarse desde la fecha de presentación de la solicitud, sin que el interesado pierda derechos ni deba seguir esperando indefinidamente.

Es especialmente relevante que esta recomendación llega como consecuencia de una queja iniciada hace tres años, intentando resolver un problema que la institución califica como recurrente y persistente. En las últimas semanas se han multiplicado las quejas por los retrasos en el sistema de empadronamiento del Ayuntamiento, con largas colas en la oficina del Bulevar del Gran Capitán.

La normativa vigente establece un plazo máximo de tres meses para que la administración resuelva solicitudes de empadronamiento y notifique la resolución al interesado. En ausencia de respuesta, se produce el silencio positivo, lo que equivale a considerar estimada la petición desde la fecha de entrada, tal como recuerda el propio Defensor.

Asimismo, se recalca que los requerimientos de subsanación realizados una vez transcurrido ese plazo ya no son válidos y no deben suspender ni retrasar la resolución final.

Un problema que se agrava: miles de solicitudes pendientes

El Defensor señala que, lejos de mejorar, el tiempo de espera para el empadronamiento en Córdoba se ha alargado. Según datos del PSOE municipal, actualmente hay más de 10.000 solicitudes pendientes a finales de marzo de 2025. De hecho, ya en marzo de 2024 se registraron más de 6.000 expedientes bloqueados, algunos con retrasos de más de siete meses desde su solicitud.

El portavoz socialista Antonio Hurtado ha denunciado esta situación como “desesperante”, al entender que impide a muchas personas realizar tramites básicos como acceder a ayudas, residencias, visados, carnet de familia numerosa o incluso el DNI.

La resolución del Defensor contiene las siguientes acciones concretas: Evaluar las medidas actuales para agilizar la gestión del padrón y garantizar que se resuelvan las solicitudes en el plazo legal de tres meses, empadronar por silencio administrativo a quienes superen ese plazo sin respuesta y emitir de oficio el certificado correspondiente, que acredite su empadronamiento e informar claramente a los solicitantes —tanto en los formularios de alta/modificación como en la web municipal— sobre su derecho a esta inscripción automática si no se ha respondido en tres meses.

El padrón es un registro clave que condiciona el ejercicio de múltiples derechos y servicios (sanitarios, educativos, sociales…), por lo que demoras prolongadas afectan de forma directa al bienestar y los derechos ciudadanos.

Además, la situación coincide con una radiografía crítica respecto al funcionamiento del Ayuntamiento: se han duplicado las quejas en los últimos tres años, mientras que las respuestas formales de la administración han disminuido significativamente, especialmente en el área del padrón.