Multa e indemnización millonarias para un hostelero de Córdoba por defraudar a la Seguridad Social
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) ha confirmado la condena por fraude continuado a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a un hostelero de Córdoba impuesta por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en octubre de 2025.
En su resolución, facilitada a este periódico por el TSJA, la Sala confirma la condena al empresario a dos años de prisión, una multa de 620.000 euros, cuatro años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social; y una indemnización de 463.939,56 euros a la TGSS, además del abono de parte de las costas procesales, incluidas las de la propia Tesorería. La sentencia mantiene también la absolución de la hija del acusado y de dos mercantiles respecto a los delitos de fraude a la Seguridad Social que se les atribuían, y ha declarado de oficio las costas de esta segunda instancia.
Según el relato de los hechos, durante un largo periodo de tiempo, el condenado actuó tanto como persona física como a través de distintas sociedades mercantiles creadas sucesivamente con el único propósito de eludir el pago de las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores y de sí mismo. Según la resolución de instancia, se trataba de sociedades ficticias, sin más dirección que la del propio acusado y carentes de bienes y derechos -lo que las dejaba en situación de insolvencia-, pese a mantener una actividad económica de cierta entidad con entre 15 y 20 empleados que iban siendo trasvasados de unas entidades a otras bajo distintos códigos-cuenta de cotización.
Así, en diciembre de 2009 constituyó Hostelería Tejabana de Servicios SL para explotar una cafetería; una mercantil que fue dada de baja en la TGSS en junio de 2012. Su hija, entonces menor de edad, figuró nominalmente como administradora única hasta diciembre de 2010, cuando asumió el cargo el condenado. Esta empresa generó una deuda de 38.776 euros, que con intereses y recargos alcanzó los 65.826,23 euros.
Desde entonces y hasta mayo de 2019, el condenado permaneció de alta en el régimen de autónomos sin abonar la cuota correspondiente, lo que originó una deuda de 29.580,90 euros, elevada a 43.288,30 euros con intereses y recargos. En mayo de 2013 creó la empresa Juperez y fue dada de baja en septiembre de 2014. En este caso, el impago de cuotas de trabajadores en ese periodo supuso una deuda de 91.611,98 euros, o 143.702,16 euros sumados intereses y recargos.
A partir de esta fecha, con el mismo fin defraudatorio, creó una de las entidades que ha sido absuelta y con la que siguió operando hasta su baja el 2 de julio de 2018. En esta sociedad figuraban sus dos hijas -la acusada y otra joven- que carecían de cualquier poder de actuación y obedecían órdenes de su padre; de hecho, este hizo figurar como administradora de la entidad a la acusada entre septiembre de 2014 y octubre de 2015, si bien a partir de tal fecha asumió de nuevo el acusado el cargo. Entre octubre de 2014 y noviembre de 2018 acumuló una deuda por cuotas de trabajadores de 149.165,7 euros, que con intereses y recargos sumó 212.122,87 euros.
La TGSS había recurrido en apelación pidiendo revocar parcialmente la sentencia para dejar sin efecto la atenuante de dilaciones indebidas y elevar la pena de prisión a entre tres y cuatro años, manteniendo el resto de pronunciamientos, mientras que el Ministerio Fiscal solicitó la confirmación íntegra del fallo. En su análisis, el TSJA ha señalado que, aunque la investigación preliminar previa fue extensa y compleja, la tramitación judicial propiamente dicha fue sencilla y se limitó en su instrucción a tomar declaración a los investigados antes de seguir los trámites posteriores.
Además, el TSJA ha señalado que la Audiencia de Córdoba sí explicó, aunque de forma breve, por qué fijó esa condena, y ha recordado que elegir la pena concreta dentro de lo que marca la ley es función del tribunal que juzga en primera instancia. Por ello, un tribunal superior -como es el TSJA- no puede cambiar esa decisión en apelación si no hubo arbitrariedad, ausencia de explicación, infracción de la ley o una desproporción evidente.
Contra esta resolución aún cabe presentar un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que debe prepararse por escrito ante esta sección del TSJA en un plazo de cinco días desde la última notificación.
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