La Junta exhumará fosas de la guerra civil y el franquismo en diez municipios de la provincia

La Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía prevé emprender acciones para exhumar fosas de represaliados de la guerra civil y el franquismo en una decena de municipios de la provincia de Córdoba. Así lo ha propuesto el comité técnico de coordinación de estos trabajos, que prevé llevar a cabo la localización, exhumación y estudio genético de los restos de los represaliados que se hallen.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este miércoles la propuesta de la Dirección General de Memoria Democrática, que prevé nueve actuaciones en diez municipios cordobeses: Baena, Cabra, Fuente Obejuna, Espejo-Montoro, Hinojosa del Duque Montilla, Posadas, Puente Genil y Villafranca de Córdoba.

Según el anuncio de la Junta, se llevarán a cabo las acciones oportunas de “indagación-localización, delimitación, exhumación, estudio antropológico e identificación genética, si procediera” de los restos de personas que se hallen en enterramientos de estas localidades, según establece el “Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra”.

Estos trabajos fueron acordados por el comité técnico responsable de la Junta el pasado verano, “para la coordinación de actuaciones en torno a la recuperación de la Memoria Histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Posguerra”.

Las actuaciones responden así a lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y, además de las intervenciones en los municipios cordobeses, también se llevarán a cabo en siete localidades de Huelva, seis de Sevilla, dos en Málaga, una en provincia de Jáen y otra en la de Granada, además de trabajos para la identificación genética de supuestas sustracciones de recién nacidos ocurridas en la provincia de Cádiz.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publica ahora este anuncio para conocimiento general de los interesados y establece un plazo de diez días para que familiares y personas interesadas presenten alegaciones y manifiesten lo que consideren oportuno.