La Junta abre dos expedientes a 'taxis piratas' en Córdoba

Las sanciones previstas son de unos 4.000 euros, además del precinto e inmovilización del vehículo infractor

La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto en Andalucía durante el ejercicio 2013 un total de dos expedientes sancionadores en Córdoba a vehículos por realizar servicios de transporte público de viajeros sin autorización, los conocidos como taxis ‘piratas’. Estos procedimientos se han llevado a cabo como consecuencia de la labor inspectora desarrollada por la Junta de Andalucía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dedicadas a la vigilancia del transporte en carretera en su lucha contra el intrusismo en el sector del taxi.

Esta actividad irregular no sólo supone un grave perjuicio económico para los profesionales que prestan este servicio de transporte de forma regulada y de acuerdo a la Ley, sino que también sitúa al consumidor en una situación de desprotección ya que, en algunos casos, es absolutamente desconocedor de que el conductor no cuenta con el permiso reglamentario, según informa la propia Consejería a través de una nota de prensa.

Las sanciones impuestas están cuantificadas en 4.001 euros cada una. Este tipo de castigos suele ir acompañado, tal y como establece la actual Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), de ámbito y competencia estatal, del precinto e inmovilización del vehículo infractor, aunque esta medida no puede llevarse a cabo hasta la tramitación completa del expediente y debe ser ejecutada por la Subdelegación del Gobierno.

Dado el carácter diferido de dicha sanción y la dificultad que conlleva localizar al infractor y el vehículo una vez que ha concluido el procedimiento, desde la Consejería de Fomento y Vivienda se ha iniciado la tramitación de un Decreto Ley de modificación de la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, de carácter autonómico, que permitirá la inmovilización del turismo en el mismo momento en el que se detecta el acto ilícito hasta que se proceda al abono o garantía de la sanción. Con esa iniciativa, que responde a una reivindicación planteada por el propio sector, se pretende articular medidas más ágiles y eficaces contra las prácticas piratas que se detectan en este ámbito del transporte.