La Fiscalía archiva la denuncia contra la familia Koplowitz y envía el caso a vía administrativa

Pista forestal abierta en el corazón del parque natural de Hornachuelos | ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

La Fiscalía Provincial de Córdoba ha archivado las diligencias abiertas contra la familia de Alicia Koplowitz después de la denuncia de Ecologistas en Acción por la apertura de una pista forestal en la zona más protegida del parque natural de la Sierra de Hornachuelos. El Ministerio Fiscal considera que han transcurrido más de seis meses desde la interposición de la denuncia (en abril del año pasado) y que tras una "prolija" investigación documental los hechos "no son constitutivos de infracción penal" aunque abre la puerta a que sí que se considere una "infracción administrativa", señala la resolución. También se produce el archivo después de que la familia se haya comprometido a restaurar a su situación anterior la zona afectada por las obras sin permiso que inició.

La denuncia se centraba en la apertura de un camino en la finca La Aljabara de Cárdenas, un coto cinegético de más de 2.000 hectáreas que está en el corazón del parque natural de la Sierra de Hornachuelos. La finca y el coto son gestionados por la empresa Rústica La Aljabara S. L., una entidad cuyo representante es Alberto Cortina Koplowitz, hijo de Alicia Koplowitz y el empresario Alberto Cortina (divorciados hace más de 25 años).

La Fiscalía ha preguntado a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de Hornachuelos y Villaviciosa de Córdoba, que es donde se ubica esta inmensa finca de caza mayor. Los ayuntamientos han concluido que las obras, aunque desarrolladas sin permiso, sí que pueden considerarse como permitidas según sus normas urbanísticas. Es más, la Junta ha informado a la Fiscalía que Rústica La Aljabara, así se llama la empresa que explota la finca, se ha comprometido a revertir las obras y que la zona vuelva a su estado original, después de la denuncia de los agentes de medio ambiente.

Alberto Cortina Koplowitz es responsable de Omega Capital, la empresa que gestiona el patrimonio de su madre. Entre su inmenso patrimonio está esta finca, considerada como una de las mejores en cuanto a caza mayor se refiere de toda la provincia de Córdoba. Por eso es responsable también de la entidad que gestiona este coto de caza. De hecho, es el nombre que ha identificado la Junta de Andalucía en la investigación administrativa que ha iniciado tras la denuncia de Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba y la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la apertura de una pista forestal y la instalación de un cercón en la zona de máxima protección del parque natural, dentro precisamente de esta finca.

Esta asociación ha denunciado, con apoyo de pruebas documentales gráficas, la apertura de una pista forestal, el derribo de decenas de quejigos (Quercus faginea) centenarios y el alzamiento de una cerca ganadera en la finca, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.

Según ha podido saber este periódico, Rústica La Aljabara ya ha alegado tras la inspección recibida y ha mostrado su disposición a restaurar la zona natural presuntamente dañada con la apertura de la pista forestal. Las fuentes consultadas señalan que la empresa ha alegado que abrió la pista con la intención de desmontarla. Su objeto fue instalar una valla cinegética. Ahora volverá a restaurar lo obrado.

"Derribo de árboles"

Según consta en la denuncia y en la documentación gráfica, la apertura del carril forestal se ha abierto en una ladera de fuerte pendiente y con una elevada cobertura arbórea de interés (quejigo –quercus faginea– como especie dominante). Un primer tramo discurre paralelo al cercado de gestión perimetral y otro tramo asciende ladera arriba. "La apertura del camino forestal ha implicado el derribo de árboles y matorral mediterráneo, así como la creación de taludes y cortes en ladera", expone la asociación.

Igualmente, se ha denunciado la instalación de un cercón interior, utilizando en un tramo como sujeción la parte inferior del cercado de gestión o perimetral. La malla instalada descansa, a modo de faldón, hacia dentro unos 40 centímetros. Además, ha sido reforzado con una maroma o cable acerado, "incumpliendo la normativa específica al respecto".

Los hechos denunciados se habrían realizado en uno de los espacios de máximo nivel de protección del parque natural, que según el propio Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) reúne valores excepcionales, estando estrictamente prohibida la apertura y construcción de nuevas infraestructuras de tránsito o comunicación.

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