Los exempleados de Guadalquivir Futuro señalan a “altos cargos del PSOE”

Los exempleados de la Fundación Guadalquivir Futuro que denunciaron las mordidas a las que estaban siendo sometidos sus contratos por parte de los directivos de la entidad siguen señalando a la juez instructora a “altos cargos del PSOE”, sin especificar el numero, indican fuentes conocedoras del caso. Este miércoles, el parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, entregó una cinta grabada en los juzgados por la que pedía que se investigara al menos a una persona más dentro dentro de la Fundación, aunque el parlamentario desconocía si era miembro del PSOE.

Se trataría de un “cargo” de la Fundación que el partido morado considera que es “parte ejecutora junto a las otras personas de los hechos que la propia inspección de trabajo de la Junta de Andalucía dice en sus actas que son tangibles y están probadas” Sería la cuarta persona del entorno íntimo del socialismo cordobés en ponerse bajo la lupa de la magistrada que lleva el caso desde el verano. Todavía está por ver si la titular del juzgado hace caso a la petición de los denunciantes o no pero lo que parece claro es que cada exempleado que habla sitúa en la sede de la fundación del barrio del Guadalquivir “a cargos socialistas que entraban y salían sin demasiado problema”, subrayan las fuentes.

Podemos pide a la jueza que se ponga en contacto con el servicio andaluz de empleo y que trate de investigar y

ponga a disposición del juzgado las distintas actas e la Inspección de Trabajo donde se prueba de forma tangible que ha habidomordidas en el sueldo de los trabajadores y que de esta forma se han desviado los fondos que estaban destinados a la contratación del personal.

La mordida, solo en un periodo y en uno de los programas con un grupo de trabajadores, ascendía a 18.000 euros pero los denunciantes de Podemos solo pudieron ver las actas de una parte que estudió la Junta de Andalucía. “Ahora mismo se están estudiando años precedentes y suponemos que serán muchos más”, zanja Moscoso.

Este verano los trabajadores de la Fundación Guadalquivir, Jóvenes para el Futuro y también algunos miembros de la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir decidieron romper su silencio y comunicar a la Junta lo que consideraban que era un escándalo. Los trabajadores denunciaron ante la Inspección de Trabajo y también ante la Consejería de Empleo que eran obligados a dar parte de su sueldo en concepto de donativos que no se sabía muy bien a dónde iban.

Estas tres organizaciones, que recibían importantes cantidades de subvenciones públicas, estaban controladas por Ángeles Muñoz y Cristian Menacho, madre e hijo, dos caras muy conocidas dentro del PSOE de Córdoba. La madre fue en la lista del PSOE a las elecciones municipales de 2011. A su cargo, y a través de estas tres entidades, tenían un importante número de trabajadores (casi todos mujeres) y participaban en distintos talleres sociales, atención a mayores a través de cáterings, limpiadoras…

En junio, un grupo de trabajadoras dijo basta. Una empleada se negó a aportar donativos de su sueldo y fue despedida, según consta en una de las denuncias ante la Inspección de Trabajo a la que ha tenido acceso este periódico. Pero fue dada de baja sin saberlo, según denunció. El resto de denuncias, aunque casi siempre anónimas, llegaron en cascada hasta que se abrió una investigación que acaba de descubrir, siempre según apuntan todos los informes consultados por este medio, que los empleados eran obligados a aportar parte de su sueldo. Algunos apuntan que los donativos a este conglomerado llegaban a alcanzar los 500 euros al mes.

La Junta, a través de sus informes, considera probado que al menos desde 2014 se están produciendo estas prácticas. De hecho, ha abierto una información reservada por la denuncia de otro trabajador en la entidad Jóvenes para el Futuro, también controlada por Ángeles Muñoz y Cristian Menacho.

La investigación de la Consejería ha descubierto que no solo se aportaban donativos por parte de los trabajadores. También se detectó otra práctica: el cobro de dinero a los asistentes a los talleres que impartía la Fundación Guadalquivir en las clases de apoyo. Según la información, a cada niño se le cobraba un euro por hora de clase, tal y como ha denunciado uno de los antiguos trabajadores de esta entidad.

En sede parlamentaria, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, informó que las tres fundaciones han sido sancionadas con un total de 46.251 euros por irregularidades y tendrán, además, que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones a las que se acogieron. Durante su comparecencia, Sánchez Maldonado recordó que la Inspección de Trabajo inició una investigación a raíz de la denuncia de algunos trabajadores contratados en base a ayudas recogidas en el Decreto Ley 2/2015, que incluye ayudas a entidades sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos de empleo.

Además, la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del SAE también inició un expediente de información reservada para clarificar la ejecución de estas ayudas. Según el informe de la Inspección de Trabajo se considera que los hechos constituyen “una infracción laboral muy grave en materia de empleo”, que lleva aparejada la sanción a las entidades, la pérdida automática de las ayudas y la devolución de las subvenciones recibidas.