Denuncian venta de patrimonio de P. Giménez en pleno concurso

Los administradores concursales aseguran que los antiguos administradores retiraron producto que nunca se pagó y que desapareció el dinero negro generado en 2010

“Todo se realizó a espaldas de esta administración concursal”. Los administradores nombrados por el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba durante el concurso de acreedores han denunciado, en su informe de calificación, que se produjo una venta de patrimonio de la empresa cuando ellos ya habían asumido el control de la entidad y sin que tuvieran conocimiento de los hechos. Así lo dejan claro en su informe de calificación, al que se ha sumado la Fiscalía Provincial de Córdoba, y que considera “culpable” la gestión de la empresa. Ahora, serán los tribunales los que tengan que juzgar los hechos.

Así, los concursales se refieren a unos hechos ocurridos apenas un mes después de que asumieran la gestión de los laboratorios, una vez que se solicitó el concurso de acreedores. En este sentido, los administradores se refieren a lo ocurrido el 21 de noviembre de 2012. El entonces administrador social de la compañía, Sergio Martínez, “con la colaboración de Encarnación Ibáñez y Juan Manuel Salmerón, acordaron con Juan Carlos Fuente Marín (vinculado igualmente a Gold Group Pharma SL, Juelpharma SL, Gesfacor SL y LPG Pharmula SL, sociedades recurrentemente presentes en el devenir empresarial durante el concurso, la apropiación por parte del señor Fuentes de mercadería por valor de 124.021,07 euros”. Según los concursales, el pago por la retirada de ese producto “jamás fue abonado”. “Todo ello con la agravante de la lastimosa situación de la tesorería de la concursada”, afirman.

También se refieren a una cantidad de dinero negro que Pérez Giménez seguía generando y de la que se perdió el rastro. Así, afirman que en 2010 se generó en B la nada despreciable cantidad de 210.000 euros, que nunca fueron ingresados ni abonados en las cuentas de la empresa.

En su informe final, enviado al Juzgado de lo Mercantil de Córdoba y que considera que ha habido “dolo”, es decir, culpabilidad en el mismo, los administradores concursales llegan a cifrar en diez millones de euros la cantidad de dinero de la caja B de Pérez Giménez. La empresa, que quebró definitivamente en 2011, tenía, no obstante, una abultada caja que escapaba del control a Hacienda, según siempre el informe de los concursales.

“No todos los ingresos generados por la actividad eran declarados, y ello del siguiente modo: todo pedido inicial de producto realizado por un cliente generaba un documento con un código alfanumérico que empezaba por las letras VA (albarán), una vez recibido el producto por el cliente el citado documento daba lugar a la correspondiente factura oficial cuya denominación alfanumérica comenzaba por las letras VF (factura). Si bien cuando se cobraba de contado al cliente, si se optaba por no declarar el ingreso fiscalmente tal pedido realizado (y efectivamente cobrado) pasaba a tener una denominación igualmente alfanumérica que principiaba con las letras V2″. Así describen los concursales el método por el que se generaba de manera sistemática una caja B en Pérez Giménez.

La salida a la superficie de toda esto a la superficie no ha sido difícil. Los concursales aseguran que se han encontrado prueba de ello en los archivos informáticos de la empresa, que registraba tanto la contabilidad oficial como la no oficial. De hecho, los registros de esta caja B arrancan en 2002 y se tiene constancia de ellos al menos hasta el año 2010, según el informe, al que ha tenido acceso este periódico.