El Colegio de Abogados rechaza las medidas propuestas por el Poder Judicial durante el estado de alarma

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba ha rechazado a través de un comunicado las propuestas incluidas en el documento titulado Medidas organizativas y procesales para el Plan de choque en la Administración de Justicia, tras el estado de alarma, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.

Así, el Colegio de Abogados entiende que las medidas “conculcan el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, limitan el derecho de los ciudadanos para acceder a los Tribunales en defensa de sus legítimos intereses, restringen gravemente el ejercicio del derecho de defensa y atentan a la dignidad de la alta función que desempeña la Abogacía”.

De esta manera, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba enuncia que “por el órgano de gobierno del Poder Judicial no se han adoptado hasta la fecha las medidas adecuadas que hubieran permitido continuar realizando tele-trabajo desde los órganos judiciales, compatibilizando la notificación de resoluciones y la presentación de escritos a través del sistema Lexnet con la paralización de los plazos procesales, como medida imprescindible que hubiera posibilitado minimizar el impacto de la paralización de las actuaciones judiciales”.

Además, “rechaza la utilización del estado de alarma como pretexto para pretender introducir reformas procesales de enorme calado como las propuestas por quien carece de competencia para ello y esto, sin el detenido estudio y consenso deseables. Las deficiencias de funcionamiento del sistema judicial vienen arrastrándose durante muchos años, exigiendo inversiones y reformas que deben ser objeto de debate riguroso con participación de la Abogacía”.

Por último, ha trasladado su respaldo a las propuestas efectuadas desde el Consejo General de la Abogacía Española, “por resultar las más adecuadas para el restablecimiento progresivo de las actuaciones judiciales, adecuándose a la realidad de nuestros Tribunales, desde el respeto a la tutela judicial de los usuarios de la Administración de Justicia, las garantías procesales y el derecho de defensa”.