Colecor, vuelta a empezar

Se acabó. La última resolución del Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a acatar la sentencia que ordena el derribo de buena parte de las naves que Rafael Gómez Sandokán construyó hace más de una década en la vieja fábrica lechera de Colecor, junto a la carretera de Palma del Río y el yacimiento de Medina Azahara.

El Ayuntamiento, avanzó este viernes el edil de Presidencia, Emilio Aumente, va a acatar lo dictado por los jueces. Aunque eso, ha reconocido, terminará implicando “rehacer desde el principio la innovación del Plan General de Ordenación Urbana del Plan Especial Carretera de Palma”. Es decir, vuelta a la casilla de salida en un debate de ciudad que acumula lustros sin solución.

Las naves de Colecor se construyeron en 2005 sin permiso municipal alguno, en el particular Algarrobico cordobés. 12 años después, los más de 40.000 metros cuadrados de almacenes levantados en pocos meses por el entonces imperio de Arenal 2000, propiedad Rafael Gómez Sánchez, siguen en pie. Pero ya tienen sus meses (o años) contados.

Desde 2005, Córdoba ha tenido cuatro equipos de gobierno en el Ayuntamiento diferentes, y cuatro alcaldes. Todos se han enfrentado al mismo problema: qué hacer con esta mole gigantesca construida en un suelo de especial protección como es el entorno de Medina Azahara. El caso de las naves y su adaptación a la legalidad han entrado y salido en los juzgados. Los jueces han anulado la tramitación municipal varias veces y ahora parece que, 12 años después, se llega a la recta final de este larguísimo camino judicial que solo puede concluir de una manera: con que la piqueta acabe demoliendo parte de lo construido ilegalmente.

En marzo llegó al Ayuntamiento la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre las naves de Colecor. El fallo venía del propio Tribunal Supremo, que había devuelto al TSJA una sentencia para que la precisara. La sentencia original era de 2014, el fallo del Supremo de 2016. En primavera, el TSJA volvió a decir lo que ya decía en 2014: demolición.

En 2014, la sentencia tumbó varios puntos del plan especial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. El anterior equipo de gobierno (del PP) finalmente no adaptó el plan especial a lo que marcaba la sentencia y el documento quedó anulado sin poder ejecutarse. Ahora, el plan podría culminar obligando a la demolición de buena parte de las naves de Colecor, construidas sin permiso municipal en el año 2005 y que ocupan una superficie de un suelo de especial protección de 40.000 metros cuadrados. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta. La Gerencia lo tenía claro hace unos meses: hasta que el Supremo no ratifique todo el proceso, nada. Ahora que ya hay luz verde, el cronometro se pone en marcha.