La prevención de incendios y la empresa Adaros de Córdoba

Tras el horror que causa un incendio todas nos sentimos impulsadas a hacer una reflexión y algunas una valoración más o menos fundamentada. Es necesario prestar atención a las voces con base científica o experimentada y analizar el grado de conciencia que tenemos ante los riesgos que asumimos. Las personas, a menudo, nos hacemos un lavado de cerebro ante las contradicciones y esto nos evita perder paz o tranquilidad, pero la información nos ayuda a aterrizar y a darle la medida a nuestras preocupaciones. Y es precisamente esta información científica la que nos muestra que la humedad del suelo es la variable que mejor explica el número de incendios forestales y el área quemada, por delante de cualquier variable climática simple. Esta evidencia cobra especial relevancia cuando analizamos la situación que nos ocupa.

La empresa Adaros de Córdoba ha estado vendiendo agua de nuestra sierra, sin permiso, durante muchos años, a gran parte de los propietarios de la parcelación “Las Siete Fincas” —catalogada como “Suelo No Urbanizable con Parcelación Reconducible”—. y poniendo con ello en peligro la Reserva Natural Fluvial del Arroyo Bejarano. Por desgracia es algo que muchas ya han naturalizado en sus conciencias. Tras varios expedientes sancionadores Adaros está tratando de regularizar cuatro pozos con los que abastecer a 1.775 consumidores, con un total de 71.000 metros cúbicos de agua anuales. Y lo alarmante es que tanto la Gerencia de Urbanismo, como la Consejería de Salud e incluso la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han dado su visto bueno. Esta concesión afectaría a los acuíferos próximos al arroyo. Sin embargo, resulta especialmente preocupante que se otorgue esta concesión sin contar con registros de varios años de recarga del acuífero, cuando la investigación demuestra que la recarga de acuíferos en zonas semiáridas muestra variaciones de hasta cinco veces entre periodos de sequía y no sequía. Es más, los antecedentes de Adaros no invitan precisamente al optimismo: la empresa fue sancionada por abastecer a numerosas parcelas con autorización solo para una vivienda y por exceder el volumen autorizado.

Seguro que todas somos conscientes de que la vida de este ecosistema depende básicamente del agua y de que deshidratar los acuíferos supone, además, exponerla al fuego. También sabemos que nos encontramos en un escenario de cambio climático cuyos efectos desconocemos pero que augura un ineludible aumento de las temperaturas y de incendios cada vez más peligrosos. Lo que la ciencia nos confirma es aún más alarmante: para 2045 se reducirá la recarga de acuíferos un 11% por cambio climático, llegando a más del 20% en zonas específicas. Además, cuando se produce un incendio forestal, los efectos sobre los recursos hídricos se mantienen mucho más allá de la extinción del fuego, ya que los incendios forestales pueden persistir contaminando sistemas hídricos durante casi una década, afectando al agua potable y los ecosistemas acuáticos.

Tenemos que ser conscientes de que “Las Siete Fincas”, aparte del sinsentido y el riesgo que implica mantener un municipio al margen de la ley, ampara un bosque con gran número de parcelas abandonadas o sin el obligado Plan de prevención de incendios. Es un bosque descontrolado y tupido de pinos, que no responde a los parámetros del bosque mediterráneo con especies de arbolado resiliente como pueden ser encinas y alcornoques. Tampoco tienen aprobado, como parcelación, el Plan de Autoprotección. Un peligro de incendios a ojos de cualquiera. Y de nuevo, hay claras evidencias que confirman nuestras peores sospechas: mientras que los bosques de encinas y alcornoques resisten mejor el fuego y el alcornoque tiene 70% de supervivencia tras incendios gracias a su corteza protectora, los pinares alimentan el fuego con resina y no rebrotan, generando solo matorral tras incendio. La combinación de vegetación pirófita y deshidratación progresiva de los acuíferos crea las condiciones perfectas para un desastre ambiental.

El expediente de Confederación revela que la empresa Adaros justifica la necesidad del agua argumentando la función del Grupo de Voluntarios Las Siete Fincas y la falta de acceso de los parcelistas. Como parcelista que soy asumo el despropósito de haber comprado este terreno. Comprendo lo básico de la solicitud de las parcelistas, quieren simplemente agua; pero me pregunto si no se comprende que estamos tirándonos piedras a nuestro propio tejado. Cuando denuncié el asfaltado de los caminos, pues conlleva contaminación y aumento de las temperaturas, no se entendió, ni tampoco parece que se entienda ahora que nos estamos poniendo en riesgo con este abuso del agua. Esto es especialmente llamativo, además, cuando hay alternativas para que los usuarios puedan recoger y almacenar grandes cantidades de agua de lluvia haciendo pequeñas inversiones.

Mientras la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aprueba una concesión que afectaría a la Reserva Natural Fluvial del arroyo Bejarano, al mismo tiempo está realizando obras en esta misma zona con un proyecto Next Generation de 3.146.261.88 euros con las que grupos ecologistas no estaban de acuerdo y pidieron ser escuchados sin obtener respuesta. El único interlocutor ha sido Acción Ecologista Guadalquivir. Antes de permitir la explotación de los acuíferos, sería fundamental hacer un inventario de las perforaciones para poder hacer un diagnóstico así como realizar una evaluación ambiental completa que considere los efectos acumulativos sobre la Reserva Natural.

La gestión responsable de los recursos hídricos subterráneos, especialmente en el contexto del cambio climático, requiere abandonar enfoques reactivos en favor de estrategias basadas en evidencia científica. No podemos seguir normalizando situaciones que, con información rigurosa en la mano, sabemos que nos exponen a riesgos inasumibles.