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El Ayuntamiento extingue el contrato para el centro habitacional de los pabellones militares

Pabellones del Hospital Militar en obras | MADERO CUBERO

Juan Velasco

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El Ayuntamiento de Córdoba ha extinguido el contrato de la empresa encargada de construir el centro de emergencia habitacional en uno de los pabellones del antiguo Hospital Militar.

La obra lleva paralizada más de un año y apenas ha superado el 50% de ejecución, según ha señalado este martes la concejala Isabel Albás, que ha dado cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local. La resolución del contrato supone el reinicio de la licitación y el concurso público para la construcción de quince apartamentos para personas en riesgo de exclusión social.

El proyecto del centro de emergencia habitacional se gestó en el mandato anterior. En abril de 2017, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) definió un proyecto para transformar el pabellón dos de este complejo militar en un centro de emergencia con 15 miniapartamentos, un área de servicios sociales y una sala de usos múltiples.

La obra se adjudicó en enero de 2019. Ya en la Comisión Social de un año después, en enero de 2020, el gobierno local informó de su intención de plantear un cambio de usos de los apartamentos y del reinicio de las obras, aunque ya estaba parada.

https://cordopolis.es/2017/12/11/el-hospital-militar-una-cura-de-emergencia-para-un-derecho-fundamental/

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado este martes el expediente de contratación para la reforma de la calle Carbonell y Morand. El pliego contempla una inversión de más de 300.000 euros en mejorar la accesibilidad de esta vía.

Otros asuntos tratado han sido la aprobación de la relación de puestos de trabajo para el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) por la que se cubrirán diez plazas; la aprobación de la convocatoria de ayudas al alquiler para este año y el que viene por un importe de un millón de euros (300.000 para 2020 y 700.000 para 2021); y la firma de un convenio con el Colegio de Abogados para la asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género por un importe de 10.000 euros, entre otras cuestiones.

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