El tema de los fondos de inversión, y en general el de las figuras jurídicas de tipo societal, está de actualidad en la agricultura europea. También lo está las movilizaciones de los agricultores, que han colapsado las autopistas de Alemania y que protestan por la difícil situación por la que están pasando, afectados por el aumento de los costes de las materias primas.
Ambos temas no son contradictorios, ya que reflejan la realidad heterogénea de una agricultura, como la europea, en la que coexisten agricultores con serias dificultades, junto a fondos de capital que ven en este sector rentabilidad suficiente para realizar inversiones. En este artículo trataré el tema de los fondos de inversión, dejando para futuras colaboraciones el de la protesta agrícola.
En países como Francia, las formas societales representan ya el 60% de las explotaciones agrarias y hay subsectores en los que estos modelos concentran más de dos tercios de la producción. En España, aún no han adquirido tal relevancia en términos cuantitativos, pero es un fenómeno que va en aumento.
Es cierto que la gran mayoría de las explotaciones agrarias de nuestro país siguen siendo gestionadas por sus titulares de forma individual (personas físicas) y sólo un 6% por sociedades jurídicas (entre ellas, aunque no sólo, los fondos de inversión). Pero también es cierto que los modelos societales (que son la base de la “agricultura de empresa”) concentran ya más del 40% de la producción en algunos subsectores. En lo que se refiere a los fondos de inversión, la consultora CBRE señala que los fondos que han adquirido tierras en España se han multiplicado por diez en los últimos años (destacando Nuveen, PSP o CAM).
En todo caso, los fondos de inversión, y en general aquellas formas societales que optan por organizarse según el modelo de la gran explotación agraria, son motivo de controversia por sus posibles efectos sociales, económicos y medioambientales. Hay quienes los consideran una amenaza para la agricultura de tipo familiar, aplicándoles términos tan peyorativos como “uberización” o “gentrificación” y culpándolos incluso del problema de la despoblación que sufren muchos territorios rurales. Otros grupos de opinión, por el contrario, consideran que los problemas de la España vacía y de la agricultura familiar no tienen nada que ver con los fondos de inversión, y que estos modelos son positivos por cuanto contribuyen a la modernización tecnológica y la digitalización de un sector tan envejecido como el agrario.
Para ordenar el debate sobre los modelos societales en la agricultura, debe distinguirse entre, de un lado, las “sociedades jurídicas” y, de otro, los “fondos de inversión”. Ambas formas societales difieren en la figura jurídica que utilizan y en la relación que tienen con la actividad agraria.
Por ejemplo, las “sociedades jurídicas” (comunidades de bienes, cooperativas, sociedades anónimas o de responsabilidad limitada…) suelen originarse dentro del propio sector agrario, cuando propietarios de tierras deciden gestionar en común sus patrimonios y siguen manteniendo vínculos directos y emocionales con la agricultura. Este tipo de sociedades no sólo se dan en la forma de grandes explotaciones, también en patrimonios familiares de mediana dimensión.
Por el contrario, los “fondos de inversión” (fondos patrimoniales, de capital riesgo…) son capitales que vienen de fuera del sector agrario y que invierten en este sector como podrían hacerlo en otros, por lo que su vínculo con la agricultura es más laxo e instrumental y puede disolverse en el momento en que deje de ser rentable. En el caso de los fondos, es indudable su asociación con las grandes explotaciones por considerar que estos modelos ofrecen más oportunidades de rentabilizar las inversiones.
Sin embargo, no todos los fondos que invierten en la agricultura persiguen los mismos fines. Por ello, es necesario diferenciar, de un lado, los fondos que orientan sus inversiones al desarrollo y modernización de las actividades agrícolas y ganaderas, y de otro lado, los que realizan inversiones en los territorios rurales, pero cuya finalidad es cambiar la orientación de las tierras de cultivo y destinarlas a la producción de energía (eólica, solar…) Sus objetivos son, por tanto, distintos y sus lógicas de actuación también.
Respecto a los fondos que invierten con la finalidad de desarrollar la actividad agrícola y ganadera, su presencia no tiene por qué ser, en principio, negativa. Que haya inversores interesados en la agricultura demuestra que este sector es lo suficientemente atractivo desde el punto de vista económico como para que capitales externos inviertan en él, como ocurre en el olivar superintensivo, los frutos secos, los cítricos, el viñedo, los cultivos subtropicales...
Este tipo de explotaciones son, en su mayoría, de un alto nivel de tecnificación, y utilizan las nuevas tecnologías y la robótica para realizar lo que se llama “agricultura de precisión”, disminuyendo el uso de fertilizantes y plaguicidas e incluso el consumo de agua. En tal sentido, estos modelos no tienen por qué ser menos sostenibles en términos medioambientales que los no societales.
No obstante, se observa que este tipo de fondos también pueden tener efectos negativos. En efecto, la demanda de tierras por los inversores hace aumentar su precio, impulsando la salida de pequeños y medianos agricultores en situación de dificultad que ven la posibilidad de hacer un buen negocio vendiendo sus explotaciones a estos fondos. Ello puede generar un problema de gentrificación en algunos territorios, consolidando, además, modelos de “agricultura sin agricultores”, dado el alto nivel de tecnificación que suele acompañar a este tipo de grandes explotaciones.
Es también un hecho que el aumento del precio de la tierra puede dificultar la instalación de jóvenes en la agricultura, bloqueando el necesario relevo generacional. En este sentido parece conveniente que la Política Agraria Común (PAC) no considere los fondos de inversión como beneficiarios de las ayudas directas, ya que el fin de este tipo de pagos es ayudar a los agricultores que se dedican a gestionar personalmente sus explotaciones.
Además, la presencia de los fondos de inversión en la ganadería intensiva mediante, por ejemplo, la instalación de macrogranjas, puede tener efectos perjudiciales sobre el medio ambiente, debido a las externalidades negativas de estos modelos (emisiones de gases, purines, contaminación del agua…) Por ello, se debe exigir informes de impacto ambiental antes de ser autorizados.
El tema de los fondos que adquieren tierras para invertir en la producción de energía (eólica y solar) es un asunto distinto del de los fondos que orientan sus inversiones al desarrollo de la agricultura. La presencia de este otro tipo de fondos se concreta en la instalación de grandes plantas solares o parques eólicos. Ello ha dado lugar a interesantes debates, generando incluso conflictos entre nuevos y viejos pobladores en algunas zonas rurales (películas como “Alcarràs” o “As bestas” tratan ese tema).
El debate está servido. Muchos pequeños agricultores próximos a la edad de jubilación y sin relevo generacional, ven esta salida como una oportunidad por ser una fuente importante de renta para ellos. Otros grupos, por el contrario, se oponen a las megaplantas solares y los parques eólicos por considerarlos un atentado al paisaje tradicional y a la fauna autóctona, además de poner en riesgo la producción de alimentos al dedicar las tierras de cultivo a otros menesteres. Por eso, se considera conveniente su regulación en el marco de planes de ordenación del territorio que delimiten qué tierras pueden destinarse a la producción de energía (y con qué dimensión) y cuáles sólo a la producción agraria.
En definitiva, el debate sobre la presencia de los fondos de inversión y, en general, sobre las formas societales orientadas a la creación de explotaciones agrarias de grandes dimensiones o a la producción de energía, hay que situarlo en estos términos, sin descalificarlos por principio.
Es necesario valorar sus efectos económicos (si incrementan o no la riqueza y el empleo allí donde se instalan), sociales (si provocan o no la expulsión de los pequeños agricultores) y medioambientales (si perjudican o no a los recursos naturales y el paisaje) para así poder estar en condiciones de juzgar su conveniencia en determinados sectores y territorios.
Sobre este blog
Soy ingeniero agrónomo y sociólogo. Me gusta la literatura y la astronomía, y construyo relojes de sol. Disfruto contemplando el cielo nocturno, pero procuro tener siempre los pies en la tierra. He sido investigador del IESA-CSIC hasta mi jubilación. En mi blog, analizaré la sociedad de nuestro tiempo, mediante ensayos y tribunas de opinión. También publicaré relatos de ficción para iluminar aquellos aspectos de la realidad que las ciencias sociales no permiten captar.
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