¿Sabe usted lo que son los MASC? Agárrese, que vienen curvas

Nunca había vivido de manera consciente una sensación de no ser libre como la que tengo ahora. He vivido, amado y ejercido mi profesión en una libertad de derechos, de acción y de omisión completa —aunque no exenta de cortapisas, y hasta de la superación de estereotipos de género— que ahora empiezo a echar de menos.

Y es que la diarrea legislativa de los últimos años va estrechando la esfera de libertad del ciudadano con cada vez más imposiciones normativas. Papá Estado nos comprime poco a poco —dice que para “protegernos”— y a mí me hace sentirme cautiva. Demasiados noes.

Cada vez que abro el BOE es un “No”. No a conducir ni con una cerveza de quinto encima; no a que los niños coman ni un gramo de azúcar; no a pagar en efectivo si la compra supera los 999 euros —el no definitivo al efectivo, aunque sea calderilla, está a la vuelta de la esquina—; no a comprar un simple antihistamínico sin receta; no a emitir facturas que no sean electrónicas y con conexión directa a Hacienda. No, no, no…

Y ahora le toca a la justicia, con la que es evidente que el legislador la trae tiesa. Verán, el artículo 24 de la CE —que, que yo sepa, aún no está derogado— recoge que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Y continúa: “todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (…) y a un proceso público sin dilaciones indebidas”. Pues va a ser que no.

Así, como de soslayo, nos acaban de colar la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que, con el falaz título de “Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia” —de eficiencia tiene un mojón—, lo que ha hecho es dificultar de manera extraordinaria ese acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva.

¿Han oído hablar de los MASC? Pues, según este bodrio de ley, son los “métodos alternativos de resolución de conflictos”. O sea, “otras” formas de resolver disputas sin ir a los tribunales. Y ahora, sepa usted que son obligatorios.

Para que me entiendan: es como si le duele el estómago a rabiar, pero antes de poder ir al médico le obligan —con su dinero— a visitar al osteópata, o al kinesiólogo; luego a tomarse una mezcla de hierbas, a pincharse unas agujitas de acupuntura, o incluso a someterse a ondas magnéticas. Y le dicen: “si a los tres meses sigue con el dolor y vomita sangre, traiga entonces un certificado que demuestre todo esto, porque solo así le dejaremos pedir cita con el único médico gastroenterólogo que nos quedará en la Seguridad Social”.

—“Pero ¿y el dinero público para contratar más médicos gastroenterólogo?”, dirá usted.

—“¿Y para qué los queremos ya? Usted, entonces, estará muerto o hastiado” —le dirán.

O sea, que su derecho a que un juez le resuelva de manera rápida y eficaz una controversia, en vez de hacerlo más eficiente —de verdad— dotando de medios a una justicia ya de por sí mermada, y creando muchos más tribunales con jueces preparados y bien remunerados… van y le pegan un hachazo. Y le dicen: “queda usted obligado a renunciar”.

Hay alguien empeñado en colapsar aún más la justicia e ir en contra de ella. Es evidente. No se entiende, si no, tamaña estupidez de ley, con semejante técnica legislativa y tan ineficaz para el fin que proclama perseguir. ¿La eficiencia de un servicio público es ponerle trabas al ciudadano para que no acceda al mismo?

Ah, vale. Entonces sí.