La Junta no evaluará el informe arqueológico sobre la Ronda Norte hasta septiembre

Los técnicos de la Junta de Andalucía no evaluarán el informe arqueológico sobre los restos hallados en las catas previas a las obras de la Ronda Norte de Córdoba hasta el mes de septiembre. Fuentes del gobierno andaluz han confirmado a este periódico que a pesar de que el informe llegó en julio, el documento, y su contenido, no se analizará hasta septiembre.

La Junta y el Ayuntamiento, eso sí, mantienen el mes de octubre como el de inicio de las obras, a pesar de que aún no ha trascendido qué se va a hacer con unos restos que, según los primeros análisis, podrían corresponder a un complejo monástico cristiano datado en el siglo VIII, coincidiendo con los primeros años del Emirato independiente fundado por Abderramán I.

El informe arqueológico cuenta con el respaldo de dos profesores de la Universidad de Córdoba, además de profesionales de la arqueología. El documento, según ha podido saber este periódico, pide a la Comisión Provincial de Patrimonio que haga todo lo posible por conservar los restos hallados, considerados muy interesantes. E incluso que se puedan poner en valor.

Las obras de la primera fase de la Ronda Norte de Córdoba fueron adjudicadas el pasado mes de julio a la UTE formada por las empresas AZVI y ACSA, por un importe cercano a los 30 millones de euros. El plazo de ejecución estimado es de 36 meses.

Eso sí, los trabajos no han comenzado aún. El gobierno andaluz aún tiene que firmar un acta de replanteo que no estará lista hasta que no se pronuncie la Comisión Provincial de Patrimonio. Si este órgano consultivo de la Delegación de Cultura considera que los restos se tienen que proteger, el delegado de Cultura en Córdoba tendrá que firmar una resolución dirigida a la Consejería de Fomento para que haga todo lo posible por conservarlos.

En este punto, serán los técnicos de la Consejería los que tendrán que evaluar qué pasos a seguir: si se modifica el proyecto original o si directamente se rehace. Mientras tanto, los trabajos están oficialmente adjudicados a una unión temporal de empresas que podrá reclamar a la administración por el retraso en el inicio de un proyecto con el que ya contaban.