Anulan el desalojo de un guardia civil del cuartel de Córdoba que fue expulsado por las mordeduras de su perro a dos personas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el desahucio de un agente de la Guardia Civil destinado en la Comandancia de Córdoba a quien la Dirección General del Cuerpo (DGGC) había ordenado cesar en el uso del pabellón oficial que ocupaba desde 2016, tras dos incidentes protagonizados por su perro.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM -y a la que ha tenido acceso este medio-, estima el recurso presentado por el guardia civil y revoca la resolución administrativa al considerar que la medida fue “desproporcionada” y basada en hechos “de escasa entidad”.

Los hechos se remontan a 2023, cuando el perro del agente, un pastor belga malinois entonces cachorro, estuvo involucrado en dos episodios de mordeduras dentro del acuartelamiento de Córdoba. El primero se produjo en marzo, cuando el animal mordió y causó lesiones a un alumno- trabajador del programa TándEM en la Comandancia. Posteriormente, en el mes de septiembre de ese año, se informó de un segundo incidente en el que el mismo perro mordió a un menor de edad en el patio del acuartelamiento.

El informe de la Asesoría Jurídica de la DGGC indicaba que la Orden General número 5 prohíbe a los adjudicatarios “realizar, o tolerar en el pabellón o en zonas comunes, actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, o que perturben la ordenada convivencia”. Además, la misma orden establece el cese del derecho de uso por “incumplimiento reiterado de las obligaciones”, considerando reiteración cuando se aprecie por segunda vez el incumplimiento.

La Administración defendía que la conducta del perro, independientemente de si estaba catalogado como peligroso, sí lo era y que la Ordenanza Municipal de control de animales de Córdoba exige llevar a los perros sujetos y con bozal si su peligrosidad lo aconseja. Por ello, la Guardia Civil consideró que estos hechos suponían un incumplimiento reiterado de las normas de régimen interno, por lo que decidió desalojar al agente y a su familia del pabellón.

La defensa del recurrente -que es adiestrador canino profesional, miembro de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales y Perito Judicial Cinológico-, argumentó que se trataba de situaciones excepcionales sin intencionalidad, que el animal ya ha fallecido, y que la medida suponía un perjuicio grave para su hijo adoptado, con especiales necesidades emocionales. Además, señaló que en ninguno de los incidentes se formuló denuncia alguna.

Ante ello, el tribunal ha señalado que los hechos no alcanzan la gravedad exigida por la norma para justificar el cese del uso de vivienda oficial, y subraya la ausencia de un perjuicio grave y actual a la convivencia del acuartelamiento. Además, concluye que no existió dolo ni negligencia reiterada por parte del agente y enfatiza la gravedad de las consecuencias personales y familiares que le puede suponer al agente y a su familia el desalojo de la vivienda.