La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento consideró “infundada” la denuncia de Dorado que investiga el juzgado

El jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba elaboró el pasado mes de mayo un informe en el que consideraba “infundadas” las sospechas que vertía sobre la contratación de alumbrado público la auditoría encargada por el entonces delegado de Infraestructuras David Dorado. Esa auditoría dio pie a una investigación por parte de la Fiscalía (el llamado segundo ‘caso Infraestructuras’) y ahora está siendo objeto de una investigación también por el juzgado de Instrucción Número 2 de Córdoba.

Las pesquisas fueron iniciadas judicialmente a petición de la Fiscalía, que consideró al Ayuntamiento de Córdoba como “perjudicado” en el presunto caso de fraude. Según la calificación inicial del Ministerio Público el jefe de Alumbrado público supuestamente habría favorecido deliberadamente a algunas empresas en la contratación pública municipal entre los años 2012 y 2020.

El Ayuntamiento prestó colaboración en todo el proceso que inició la Fiscalía, si bien, el pasado mes de mayo, el jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento hizo un informe a petición del concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, que consideraba “infundadas” las sospechas que deslizaba la auditoría que había dado pie a toda la investigación.

El jefe de la Asesoría pidió que este informe, al que ha accedido Cordópolis, se entregara después a la Fiscalía. En él llega a asegurar que “no existen ni siquiera indicios para presumir que pudiera existir una trama organizada dedicada a la realización de prácticas colusorias en las contrataciones públicas llevadas a cabo en los expedientes”.

El informe al que se refería es el de la auditoría que David Dorado encargó cuando era delegado de Infraestructuras (fue cesado a finales de 2021) y que dibuja directamente de un “complot” por el que los contratos que dirigía el jefe de Alumbrado Público en el Ayuntamiento siempre acababan en manos de las mismas empresas. Todo partía, según el testimonio del exdelegado, de que compañías de fuera de Córdoba y otras incluso del municipio se quejaban de que en las licitaciones se pedían determinadas cosas concretas imposibles de cumplir.

Así, dos meses después de que el jefe de la Asesoría Legal del Ayuntamiento de Córdoba considerara que los hechos no tenían ninguna base, la Fiscalía mandó al juzgado su investigación, al considerar, contrariamente a lo expresado desde el Ayuntamiento, que sí existen indicios de que los hechos denunciados por Dorado en el Área de Infraestructuras “pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de tráfico de Influencias, prevaricación y otros que puedan determinarse tras la investigación que se lleve a cabo”.

El proceso de Información Reservada presuntamente irregular pero que no se quiso frenar

Aquel informe acabó en manos de la Fiscalía, por un lado, y en manos de la Asesoría Jurídica y el entorno del alcalde de Córdoba, a quien Dorado asegura que pidió que iniciara un proceso de Información Reservada y que fuera el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, quien los instruyera.

Así acabó ocurriendo, aunque el alcalde no fue quien lo solicitó, sino que que fue Dorado como alcalde accidental el que inició el procedimiento, que culminó en mayo de 2022 entre acusaciones de obstrucción que la Fiscalía acabó archivando.

Llama poderosamente la atención que en el informe de Asesoría Jurídica se indique que el Secretario General del Pleno “no puede ser instructor ni de informaciones reservadas ni de expedientes disciplinarios, relativos a cuestiones competencias de la Junta de Gobierno Local, o de la actividad administrativa del municipio”. Esto es sorprendente en tanto a que, a pesar de la seguridad con la que se expresa, se permitió a Lavela concluir su investigación interna (aunque no le permitieron la prórroga que solicitó para seguir indagando). La duda, por tanto, está en por qué se permitió continuar durante seis meses con una investigación que, según la Asesoría Jurídica, no tenía ninguna validez?

Además, el jefe de la Asesoría Jurídica llega a afirmar en el informe que le solicitó Torrico que era “innecesaria la remisión a Fiscalía del informe preliminar emitido por el Secretario del Pleno, en tanto que no revela nada nuevo y se limita a reproducir documentación que ya consta en ese órgano, que está practicando diligencias de investigación”.

“Consideramos que las calificaciones delictivas efectuadas por el Secretario General del Pleno en su informe provisional, al haberse llevado a cabo sin haber analizado siquiera los expedientes de contratación, no son aplicables a las actuaciones llevadas a cabo. En todo caso será el Ministerio Fiscal, que ya investiga los hechos, quien deberá pronunciarse al respecto”, sostuvo en su informe el jefe de Asesoría Jurídica, que sí que reconoce, por otra parte, que “la tramitación administrativa de algunos de los expedientes no es la mas adecuada”, decía textualmente el documento.

Según manifestó el pasado jueves el alcalde de Córdoba, el titular de la Asesoría Jurídica está dispuesto a emprender “acciones legales” para “defender” su honor ante las presuntas acusaciones por parte de David Dorado en las que se habría puesto en duda su “imparcialidad” en la investigación de lo sucedido en el área de Infraestructuras. De concretarse, sería una rama más del llamado 'caso Infraestructuras', que ya tiene abiertos dos procesos en el juzgado, y un tercero en investigación.