Nonagenario y dos años y medio de espera para revisar su estado de gran dependiente

El Defensor del Pueblo Andaluz ha tramitado la queja de un cordobés que elevó a esta instancia la situación de su padre, un hombre nonagenario para el que la Junta de Andalucía ha tardado dos años y medio en revisar su grado de dependencia.

El caso exponía que fue en julio de 2021 cuando se presentó la solicitud para la revisión de la situación de dependencia de su padre, de 90 años de edad entonces, “sin que hubiera sido siquiera valorado”, indica la información del Defensor consultada por este periódico. Además, tras solicitar información a la trabajadora social de referencia, le informaron sobre “un supuesto extravío de la documentación en ese órgano territorial”.

Interesado el Defensor en el caso y requiriendo respuesta de la administración sobre “las vicisitudes acaecidas”, se le indicó que “en agosto de 2022 se recepciona la solicitud para la revisión de la situación de dependencia del afectado, habiéndose realizado el informe de condiciones de salud en agosto de 2023, un año después”, destaca sobre la tardanza.

Asimismo, el expediente de dependencia de este anciano estaba entonces “pendiente de descarga del informe del sistema de salud para su incorporación en los aplicativos que gestionan la dependencia y así poder cargar el expediente en la agenda del personal valorador”, excusaba la administración.

Con todo ello, el Defensor prosiguió su actuación, de la que informó al interesado para que presentase sus consideraciones al respecto. En ese tiempo, la esposa del afectado había fallecido, quedando este solo en su domicilio, a sus más de 90 años de edad y delicado estado de salud, según consta en la información. Además, el hijo se había trasladado a otra comunidad autónoma por motivos labores e indicaba que no podía ofrecer a su padre los cuidados y atención que precisaba.

Ante tal situación y sin novedades por parte de la administración sobre la revisión del grado de dependencia del anciano, el Defensor de nuevo se dirigió a la Junta “para conocer los avances en la tramitación del expediente de dependencia del afectado”.

Finalmente recibió informe “indicando que en diciembre de 2023 se ha dictado resolución por la que se resuelve reconocer al afectado el Grado III, de Gran Dependencia”, es decir, dos años y medio después de solicitar la revisión de su estado.