Una familia formada por un padre, una madre y sus tres hijos -un mayor de edad de 20 años, un menor de 12 y otra de 19, con parálisis cerebral- ha sido desahuciada este viernes en Córdoba después de tres años sin pagar el alquiler. Desde hace 11 años, esta familia vivía en un piso propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta de Andalucía, pero dejó de pagar el alquiler al encontrarse en paro los dos adultos.
Hace seis meses, Susana y su pareja se enfrentaron a un primer desahucio. Cuenta que ante la falta de trabajo, priorizando el pago de facturas y el tratamiento de su hija. Estos impagos motivaron el primer expediente de desahucio, que no se llevó a cabo finalmente dada la existencia de un informe de los Servicios Sociales que alertaba de la extrema vulnerabilidad de esta familia debido a la incapacidad de su hija de 19 años.
La joven nació sana pero, al mes, empezó a sufrir convulsiones que le generaron una parálisis cerebral y un 95% de discapacidad, por lo que la dependencia de sus padres o cuidadores es absoluta. Antes de llegar a este piso de AVRA, padres e hijos estuvieron residiendo en la vivienda de un familiar. Sin embargo, ante la necesidad que acabó teniendo este, tuvieron que abandonarla y la agencia pública les ofreció una vivienda en la calle Acera del Río, de donde este viernes ha sido desahuciada. Un piso bajo, recuerda Susana, que ella y su pareja tuvieron que adaptar a su hija.
Durante años, la pareja ha trabajado en los mercadillos, actividad que dejaron ante la imposibilidad de pagar todo lo que acarrea. En su casa apenas entran 1.000 euros, principalmente por las dos pensiones que recibe la familia por la discapacidad de su hija, aunque Susana señala que “hace dos meses” empezó a recibir la ayuda por prestación por hijo a cargo con discapacidad. Hasta ese momento, la familia solo ingresaba 440 euros fruto de la pensión para cuidados familiares no profesionales. Con estos ingresos, Susana lamenta que es “imposible” hacer frente a los gastos que conlleva una familia y al tratamiento que necesita su hija.
Ante la “dejadez institucional” de este bloque de pisos, algunos vecinos, entre ellos Susana y José, decidieron dejar de pagar la comunidad y el alquiler. Este “abandono” llevó a los padres a solicitar a AVRA un cambio de domicilio. Susana explica que “la opción era Palmeras”, pero rechazaron la opción porque el ambiente de esta zona de Córdoba “no es bueno para la niña, ya que no puede escuchar ruidos” que le pudieran provocar convulsiones.
Durante toda la mañana, el abogado de la familia -Marcos Santiago- ha pedido al juzgado “más tiempo” para encontrar una alternativa habitacional y recuerda que “la nueva ley de vivienda estipula que todos los desahucios deben pararse para ver la conciliación, que depende de la vulnerabilidad de cada caso. Y, en este caso, esta cuestión no se está teniendo en cuenta”. La jueza le ha transmitido al letrado que el auto del lanzamiento era firme, cuestión que también ha sido trasladada por los agentes de Policía Nacional a los padres.
Antes de tapiar la puerta, un funcionario judicial ha comunicado a la familia que el “piso debía quedar vacío” y, si no, los enseres “que se quedaran dentro irían a un punto limpio”. El abogado ha intentado que AVRA les conceda un día para sacar los objetos materiales, aunque sin éxito. “Es muy triste que se le haga esto a una familia cuya insolvencia está acreditada, que no tiene trabajo y que no paga porque no puede”, ha lamentado el letrado, que concluye asegurando que la familia planteó un método de pago para sufragar la deuda, pero que no fue aceptado por AVRA.
Desahuciada una familia en Córdoba con tres hijos y uno de ellos, con parálisis cerebral
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