El decálogo del campo: ¿qué piden los agricultores y por qué se echan a la calle?

El campo es un sector muy heterogéneo, donde conviven varias realidades con problemas muy diferentes. Pero desde hace tres años, el sector agrario y el ganadero, mayoritario en la provincia de Córdoba, se ha unido en sus protestas y demandas. La patronal agraria Asaja, las organizaciones Coag y UPA (más progresistas) y Cooperativas Agroalimentarias (que representan a este tipo de empresa tan común en el mundo rural) han pactado un decálogo de demandas al Ministerio de Agricultura del Gobierno de España y a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía sobre unos problemas que consideran comunes y que, señalan, desde hace años están poniendo en riesgo la supervivencia de un sector fundamental para el desarrollo económico.

Pero, ¿qué es lo que piden miles de agricultores que amenazan con protagonizar sonoras protestas durante las próximas semanas en toda España? La primera de ellas se ha convocado ya para el próximo día 21 en Córdoba, una tractorada que saldrá desde El Arenal, en la capital.

Reforma de la PAC

Las organizaciones agrarias consideran que la nueva Política Agraria Común (PAC) que ha pactado el Gobierno en Europa es “muy lesivo para el campo cordobés y andaluz” y resumen: “menos presupuesto, más burocracia y más obligaciones”. “Exige más a los agricultores y ganaderos, pero con menos recursos y castigando a la agricultura y ganadería más productiva”, señala.

La nueva PAC tiene el espíritu de una agricultura más verde. Pero los agricultores aseguran que muchas de las medidas que tendrán que tomar para conseguir reducir de manera notable las emisiones conllevará un aumento de los gastos sin que existan compensaciones por ello. “Tal y como reconocen los propios informes de la Comisión Europea y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos”, este nuevo pacto verde en el campo “va a dar lugar a descensos considerables de la producción, al aumento de costes, a la pérdida de competitividad y en definitiva al empobrecimiento del sector productivo”, consideran. 

La PAC prevé también la creación de ecoesquemas. Los ecoesquemas serán un nuevo pago en el marco de la política agraria comunitaria que los países tendrán que ofrecer de manera obligatoria a los productores, aunque éstos podrán decidir voluntariamente si se acogen a ellos o no. Es decir, se trata de unos requisitos 'verde' adicional pero opcionales que van más allá de la condicionalidad obligatoria. Los agricultores sostienen que la propuesta “supone una clara pérdida de renta para el campo andaluz” ya que estas regiones no serán “las mismas de la PAC” actual. “Los ecoesquemas deben ser viables y realistas. Sólo deben acogerse a los mismos quienes tengan derechos de la PAC”, reclaman. 

Por eso, una de sus demandas pasa por que “se reconozca que una parte muy importante del presupuesto para la PAC en España es fruto del trabajo de los agricultores y los ganaderos andaluces. También rechazan la creación de nuevas regiones productivas PAC, que supondrán una pérdida de ayudas a las actuales.

Por último, en cuanto a la PAC, reclaman que “las ayudas directas deben dirigirse a los agricultores y ganaderos que realicen una actividad agraria real y efectiva. Deben eliminarse criterios que dejen fuera a agricultores y ganaderos pluriactivos, con otras actividades económicas, pero para los que la actividad agraria supone un complemento de renta”. Ésta es una realidad notable en el olivar cordobés, en la mayor parte una segunda actividad para muchos trabajadores de la provincia de Córdoba.

Menos impuestos y reducción de costes

Si hay algo que ha acelerado la crisis de la agroganadería española, y cordobesa, es el espectacular aumento de costes que sufren los productores a niveles “nunca vistos”. Los piensos para el ganado se han encarecido cerca de un 30% en el último año. También son más caras las semillas (+20%); los abonos (+48%); el agua (+33%) o los plásticos que se utilizan en los cultivos de invernadero (+46%). Las subidas más espectaculares son las que afectan al gasóleo que usan los tractores (+73%) y a la energía eléctrica (+270%), señalan las organizaciones agrarias.

Este incremento de costes se empieza a trasladar a la cesta de la compra de los consumidores. Pero los agricultores y ganaderos insisten en que aunque suben los precios en origen siguen sin poder cubrir sus costes. “La actividad agraria está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtienen los productores”, advierten.

Uno de los puntos que reclaman es quizás el que más cerca está de cumplir el Gobierno: la prohibición de la venta a pérdidas por parte de algunas grandes cadenas agroalimentarias. “Exigimos que se vigile el cumplimiento, en todos sus términos, de la Ley de Cadena Alimentaria”, reclaman. También piden la Comisión de la Competencia que investigue de oficio “posibles fijaciones de precios” entre los mayoristas sobre productos clave, como ha venido ocurriendo con la leche o el aceite de oliva, y “que se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España”.

Así, en el capítulo de impuestos reclaman la “condonación” de los directos sobre la electricidad o los cánones de riego. También piden rebaja del IVA, el adelanto de las subvenciones y la creación de líneas ayudas, ágiles y directas, el aplazamiento de deuda y acceso a financiación a largo plazo ante la situación actual. 

La cuenca del Guadalquivir está actualmente en sequía y está prohibido regar. Pero para cuando se pueda, los agricultores reclaman “el incremento de los regadíos para la épocas en las que haya agua suficiente” y la devolución de unos 280 hectómetros cúbicos que han “desaparecido” en la provincia de Córdoba. “También debe permitirse la construcción de balsas y microembalses y autorizar el llenado de las mismas con aguas de escorrentía invernales”, exigen, algo que cuenta con la firme oposición de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. También reclaman balsas para el uso de los ganaderos.

Mano de obra

Otro de los grandes problemas que tienen los agricultores tiene que ver con el mercado laboral. “Las nuevas normas laborales que se están implantado o se pretenden implantar en el campo, se hacen desde un absoluto desconocimiento de la realidad del sector y son inaplicables”, denuncian. “El exceso de temporalidad en nuestro país, en modo alguno puede ser imputado a nuestro sector, cuya temporalidad es similar a la existente en los distintos países europeos del centro y sur de la UE”, exponen.

Por eso, reclaman un nuevo sistema. En cuanto a los contratos temporales insisten en que son una necesidad intrínseca a la naturaleza de la actividad, y que hay que adaptarlos “a la realidad de las cosechas y labores del campo. Al igual que el sector de la construcción tiene un tratamiento diferenciado, el sector merece un tratamiento específico”, reclaman. 

De esta manera, proponen adaptar la condición de fijo discontinuo, cualquiera que sea la actividad desarrollada en la empresa, a la realidad de la actividad agraria, “de forma que este contrato sea beneficioso tanto para las empresas como para los trabajadores”, señalan, y reclaman más “bonificaciones en las cotizaciones de Seguridad Social, a la conversión de contratos temporales en fijos y/o fijos discontinuos”. 

Aparte, concretan un problema para encontrar trabajadores “para recoger las principales cosechas agrícolas de la provincia de Córdoba, fundamentalmente olivar, cítricos y ajos, problema acrecentado por el mantenimiento de desempleados durante las cosechas al estar percibiendo subsidios agrarios”. Ante ello, reclaman que se permita la tramitación de contingentes de trabajadores extranjeros y una novedad: “compatibilizar la percepción del subsidio agrario con la contratación para realizar tareas agrarias”.

Controles en las fronteras para la entrada de productos agrarios

Por último, consideran que “no es razonable, ni justo, ni estratégico, permitir la competencia desleal de terceros países por las vías del uso de los OGM, de muchos fitosanitarios, pues ellos pueden utilizar productos no permitidos en la UE, y de una condiciones laborales muy laxas, que hacen que sean más competitivos y, encima, luego son esas producciones son importadas a Europa”. 

“La nueva Reforma de la PAC, de no cambiarse, sólo va a servir para crear una brecha cada vez mayor entre el campo europeo y nuestros competidores internacionales, que va a dar lugar a una deslocalización de parte de nuestra agricultura y ganadería hacia terceros países. Así lo reconocen los propios informes de la Comisión Europea y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos entre otros”, denuncian. 

Ante ello, piden “que el Ministerio de Agricultura lidere y requiera a la Unión Europea a que exija a las producciones que vengan de fuera los mismos requisitos a los que se obliga dentro de la UE, lo cual, hoy en día, simplemente no es así y menos lo será con la nueva PAC”, además de que se garantice la “igualdad” en condiciones laborales y de fitosanitarios con estos terceros países con “controles rigurosos en las fronteras”.

Aparte, plantean, “acuerdos comerciales justos para las producciones europeas” y por último “trabajar para desmantelar el malentendido y políticamente correcto concepto del medio ambiente que tienen en la UE algunos políticos y burócratas que lo impregna todo a costa del sector agrario. Exigimos rigor científico y no más demagogia”, concluyen.